La violencia contra el sector transporte ha llegado a un punto crítico. Los ataques y amenazas contra conductores y empresarios no cesan, y ante los recientes asesinatos de sus compañeros, los transportistas han convocado un nuevo paro para este 4 de noviembre. En medio de este escenario, el premier Ernesto Álvarez se reunió con dirigentes del gremio para escuchar la grave situación que enfrentan y se comprometió a acompañar la manifestación.
“Nos hemos reunido ayer con el premier. Las mismas palabras que te he comentado sobre la situación se la hemos indicado, a tal punto que dijo: ‘Si ustedes marchan, yo marcho con ustedes’. Le espero el martes”, relató Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, en entrevista con Panamericana.
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La marcha representa una medida desesperada para exigir atención del Gobierno ante la ola de extorsión, asesinatos e intentos de secuestro que golpean al gremio. Según Ojeda, entre el 70 % y el 80 % de las empresas formales de Lima y Callao son víctimas de mafias que cobran cupos y exigen pagos millonarios para permitirles operar.
“Ya no solamente es el conductor, es caiga quien caiga. Están intentos de secuestro, porque ha pasado uno ayer a los dirigentes y dueños de empresa”, advirtió.
Una de las víctimas más recientes fue una empresaria de Chorrillos, quien se salvó de ser raptada gracias a la rápida reacción de sus vecinos. La mujer ya había recibido amenazas de varias bandas criminales que le exigían nuevos pagos. “Ya estaba amenazada. Varias bandas, pero le habían avisado últimamente que tenía que activarse otro cupo”, explicó Ojeda.
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Asimismo, calificó como una “falta de respeto” el silencio de las autoridades frente al asesinato de sus compañeros. Hasta la fecha, 65 chóferes han muerto a manos de sicarios y extorsionadores.
Las promesas incumplidas de José Jerí
Los transportistas recuerdan que no es la primera vez que el Ejecutivo promete apoyo sin resultados. Durante su gestión como presidente del Congreso, José Jerí se reunió con los gremios tras el atentado que dejó gravemente herido al conductor Guillermo Arturo Álvarez, baleado por un falso pasajero en San Juan de Lurigancho. En esa ocasión, Jerí aseguró que gestionaría ayuda médica y financiera para los afectados.
Sin embargo, los dirigentes denuncian que esas promesas nunca se cumplieron, ni siquiera después de que Jerí asumiera la presidencia del país. “Él iba personalmente a enfocar, apoyar a los transportistas... La verdad, no veo que haya cumplido hasta el momento”, declaró José Quispe, compañero de Álvarez, quien pide ayuda para su amigo.
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El caso de Álvarez sigue siendo crítico. Según Quispe, lleva más de 20 días hospitalizado y acumula una deuda superior a los 140 mil soles. La ayuda prometida por el Ejecutivo no se concretó, ya que el asesor designado por la PCM durante la gestión del expremier Eduardo Arana dejó de comunicarse tras el cambio de gobierno.
“Cuando cambiaron el gobierno, perdimos la comunicación. No tenemos ni un tipo de contacto. El nuevo gobierno no se ha acercado para darle seguimiento al caso”, afirmó.
Medidas concretas contra la extorsión
Mientras tanto, la violencia continúa en aumento. Se estima que entre el 70 % y el 80 % de las empresas formales de Lima y Callao son víctimas de extorsión, y los pagos ilegales ya superarían los 10 millones de soles, poniendo en riesgo la sostenibilidad de cientos de rutas y paraderos.
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El presidente interino José Jerí reconoció recientemente la dificultad de enfrentar esta ola criminal. Sin embargo, para los gremios del transporte, las palabras ya no bastan. Exigen resultados concretos y una política de seguridad efectiva que frene los asesinatos, las amenazas y las extorsiones que tienen en vilo al sector.
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