En un operativo ejecutado durante la madrugada, el Gobierno trasladó a 45 reclusos de alta peligrosidad al nuevo pabellón de máxima seguridad del penal Ancón I, ubicado al norte de Lima. La acción, encabezada por el presidente de la República, José Jerí Oré, se enmarca en el plan de reforzamiento del sistema penitenciario y en el estado de emergencia decretado en Lima Metropolitana y el Callao por treinta días. El objetivo central es frenar el control que aún mantienen los cabecillas del crimen organizado desde las cárceles del país.
Entre los internos reubicados figuran Jhon Jairo Arancibia, vinculado a la organización criminal Los Injertos del Norte, y Adam Smith Lucano Cotrina, conocido como El Jorobado, líder de Los Sanguinarios de la Construcción. Ambos fueron trasladados bajo fuerte custodia al nuevo pabellón, que albergará exclusivamente a internos condenados por delitos como sicariato, extorsión, homicidio calificado y robo agravado.
Pabellón de extrema seguridad en Ancón I
El nuevo ambiente carcelario de Ancón I fue diseñado para alojar a 168 internos de alto riesgo bajo un régimen cerrado especial. Las celdas están adaptadas para limitar al máximo el contacto entre los reos y el exterior. Cada interno permanecerá dentro de su celda 22 horas al día, sin acceso a enchufes ni conexiones eléctricas, y contará con solo dos horas fuera de su espacio, siempre bajo estricta vigilancia.
Las visitas familiares fueron restringidas a una cada quince días, con controles reforzados de ingreso y registro. Esta medida busca evitar el uso de teléfonos celulares, chips o dispositivos que faciliten la comunicación con redes delictivas activas en el exterior. Las autoridades penitenciarias señalaron que el pabellón operará bajo protocolos de aislamiento total, con cámaras de vigilancia permanente y personal especializado en seguridad penitenciaria.
El traslado se ejecutó durante la madrugada
El desplazamiento de los reos comenzó en horas de la madrugada y contó con la participación del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y 50 efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía Nacional. El operativo fue supervisado personalmente por el presidente José Jerí, acompañado del ministro de Justicia, Walter Martínez, quienes verificaron el cumplimiento de los protocolos de seguridad.
Fuentes del Ejecutivo informaron que la operación fue planificada con carácter reservado para evitar filtraciones que pudieran poner en riesgo el traslado. El convoy que transportó a los reclusos partió desde distintos establecimientos penitenciarios hacia Ancón I en vehículos blindados y bajo escolta policial. Ninguno de los internos tuvo contacto con otros presos durante el proceso, y las autoridades aseguraron que se mantuvo el control absoluto de la operación.
Refuerzo del principio de autoridad
El Gobierno destacó que el traslado forma parte de un conjunto de medidas orientadas a recuperar el control dentro de los penales y frenar la influencia de organizaciones criminales que aún operan desde el encierro. Según el presidente Jerí, el aislamiento de los cabecillas permitirá cortar la comunicación con sus redes externas y reducir las órdenes de extorsión o sicariato que se emiten desde las cárceles.
En la supervisión del operativo también participaron el presidente del INPE, Iván Paredes, y representantes de la Defensoría del Pueblo, quienes evaluaron las condiciones del pabellón y el respeto de los derechos básicos de los internos. Las autoridades aseguraron que la iniciativa marca un paso firme en el fortalecimiento del sistema penitenciario y en la aplicación del principio de autoridad.
Medidas ante el estado de emergencia
El traslado se concretó en el contexto del estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana y el Callao, decretado por el Ejecutivo para combatir el crimen organizado. Dentro de este marco, se dispuso incrementar las medidas de control y vigilancia en las cárceles, además de restringir cualquier comunicación ilegal de los internos con el exterior.
El Ministerio de Justicia informó que el pabellón de extrema seguridad del penal Ancón I funcionará como un modelo de control penitenciario, donde se priorizará la disciplina y el cumplimiento estricto de las normas. El Ejecutivo subrayó que la reubicación de los 45 internos busca consolidar el orden dentro de las prisiones y garantizar que los cabecillas delictivos no sigan operando desde su encierro.
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