El conflicto en la conducción de PETROPERÚ S.A. se ha intensificado tras la reciente remoción de Alejandro Narváez como presidente del directorio, en medio de una batahola que, según sectores críticos a la decisión, apuntaría a un nuevo intento de privatización de activos estratégicos de la compañía.
Ahora, Narváez envió cartas a los ministros de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo De La Cruz, y al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, en las que rechazó su destitución por considerar que se realizó sin consulta y al margen de los procedimientos legales y estatutarios.
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Los funcionarios que decidieron su salida aún no han recibido la confianza del Congreso de la República, factor que añade tensión política a la decisión sobre una de las empresas estratégicas del país.
Narváez denuncia irregularidades en su salida de Petroperú
Como se recuerda, la separación del economista Alejandro Narváez fue ejecutada por la Junta General de Accionistas (JGA) de PETROPERÚ, compuesta por representantes del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El directorio quedará a cargo, de forma interina, de Fidel Moreno, quien ocupó hasta ahora la vicepresidencia y asumirá la presidencia hasta la designación de un nuevo directorio. Esta decisión se comunicó oficialmente el 17 de octubre mediante un boletín del MINEM, en el que se argumentaron motivos relacionados con la “optimización de la eficiencia operativa y sostenibilidad económica”.
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MEF y MINEM decidieron destitución sin una reunión previa
En una extensa carta notarial, Narváez expuso que la destitución vulnera la Ley General de Sociedades, el Estatuto Social de PETROPERÚ y los lineamientos de buen gobierno corporativo. Afirmó que “toda remoción de directores requiere de convocatoria formal de Junta General, agenda expresa, deliberación con quórum y acta registrada ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP)”.
El ahora expresidente del directorio aseguró que “a la fecha, no se ha hecho pública la existencia de un acta que formalice la decisión ni de informes técnicos o de desempeño que motive la decisión adoptada”, lo que podría contravenir el principio de motivación suficiente y de razonabilidad que rige los actos administrativos empresariales.
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Congreso aún no otorga confianza a ministros tras crisis en Petroperú
Además, el documento de Narváez advierte sobre posibles “contingencias institucionales, de gobernanza y reputacionales que afecten la credibilidad de PETROPERÚ ante los mercados financieros y organismos multilaterales”, si la remoción no cumple los procedimientos exigidos.
Por este motivo, el economista solicitó al Poder Ejecutivo, conducido por el presidente interino José Jerí, una revisión preventiva del procedimiento y de las circunstancias que rodearon el cese, con el fin de resguardar la seguridad jurídica y la sostenibilidad de la compañía, que lucha por recortar pérdidas y recuperar mercado para sanear sus deudas.
Todos los activos de Petroperú pertenecen al Estado: ¿Se viene otra privatización?
En paralelo, la Coalición Nacional de Sindicatos de PETROPERÚ S.A. manifestó su respaldo a Narváez mediante un pronunciamiento público que exige su reposición inmediata como presidente del directorio.
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El comunicado demanda también que el Estado peruano reconozca y pague la deuda histórica con la empresa para asegurar su competitividad en igualdad de condiciones con las firmas privadas y que cubra los gastos por reparaciones del Oleoducto Norperuano (ONP).
“Exigimos sanciones ejemplares y muerte civil para funcionarios corruptos y lobistas que traicionan los intereses nacionales”, sostiene el mensaje suscrito por el comité ejecutivo sindical.
El desenlace del caso queda pendiente, mientras la designación formal de las nuevas autoridades de PETROPERÚ y la ratificación parlamentaria de los responsables ministeriales configuran un escenario de alta tensión política y empresarial.
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