La Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación Samiria (AIDECOS), que agrupa a veinticuatro comunidades del distrito de Parinari, en Loreto, anunció un paro indefinido y la implementación de medidas de control territorial en los ríos Marañón y Samiria a partir del 20 de octubre de 2025.
La decisión fue comunicada en un pronunciamiento dirigido a la opinión pública nacional e internacional, así como a las principales instituciones del Estado, entre ellas la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Perupetro, PROFONANPE, la Defensoría del Pueblo y el Congreso.
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La organización denuncia una historia de abandono, contaminación ambiental y vulneración de derechos colectivos por más de cinco décadas, especialmente en relación con los impactos generados por la actividad petrolera en el Lote 8, ubicado en su territorio ancestral.
Denuncian no haber sido tomados en cuenta
Las comunidades afiliadas a AIDECOS aseguran haber agotado “todas las vías formales de diálogo”, sin obtener avances sustantivos ni cumplimiento de compromisos por parte del Gobierno. En su pronunciamiento, exigen una remediación ambiental integral, así como su inclusión en la Junta de Administración del Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental, tal como estipula la Ley N.º 30321. Denuncian que las decisiones se siguen tomando sin la participación de las comunidades directamente afectadas por los derrames y pasivos ambientales.
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Asimismo, demandan el reconocimiento del distrito de Parinari como productor de petróleo, en cumplimiento de la Ley N.º 31934, lo que permitiría acceder a una distribución justa del canon y sobrecanon petrolero. Este punto ha sido motivo de tensión entre las comunidades y las autoridades, ya que la exclusión de Parinari de este reconocimiento agrava las brechas de desigualdad en salud, educación, electrificación y acceso a agua potable.
Promesas incumplidas
Desde noviembre de 2024, las comunidades del Lote 8 y del Lote 192 realizaron protestas y tomas de campamentos petroleros en señal de protesta por la contaminación y la falta de remediación. Si bien el Gobierno se comprometió en diciembre a instalar reuniones técnicas y garantizar la participación indígena en la toma de decisiones, las federaciones denuncian que ninguno de los compromisos ha sido cumplido.
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En septiembre de este año, el Bloque de Federaciones del Lote 8 alertó que habían sostenido más de 320 días de diálogo sin ningún acuerdo concreto. Según el asesor Teddy Acho, de los 86 pedidos formulados en la consulta previa, “no se ha cumplido un solo acuerdo”.
Las consecuencias de esta inacción estatal son trágicas. Gilberto Maravita, presidente de la Federación FEIURCHA, denunció públicamente que al menos 37 personas —entre ellas niños y jóvenes— han muerto por causas asociadas a la contaminación ambiental. La falta de infraestructura y especialistas de salud impide identificar con precisión las enfermedades que afectan a las comunidades.
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Exigen frenar la criminalización
Entre los puntos claves de la asociación, se incluye la aprobación de un proyecto de ley para “el desarrollo responsable y sostenible de la industria petrolera en la región Loreto”, que garantice estándares ambientales y redistribución equitativa de los recursos.
También demandan una amnistía general para líderes indígenas criminalizados por ejercer su derecho a la protesta social, y la derogatoria de la Ley N.º 1559, norma que —según denuncian— criminaliza la movilización social y el reclamo legítimo de derechos.
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AIDECOS plantea una hoja de ruta para el diálogo, que incluya la instalación de una Mesa Política Multisectorial de Alto Nivel, con la participación de ministros y directores sectoriales con poder de decisión. Recalcan que cualquier mesa de diálogo debe instalarse en el territorio y debe producir resultados concretos, no más dilaciones.
“La omisión también es violencia”
La Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) expresó su respaldo a la medida adoptada por AIDECOS y criticó duramente la falta de respuestas por parte del Estado. En un comunicado, señaló que “durante más de cinco décadas, los pueblos del Marañón han cargado solos con las consecuencias del Lote 8” y que “la omisión también es una forma de violencia”.
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La organización también instó a las instituciones estatales a asumir su responsabilidad frente a los impactos ambientales, sociales y de salud que continúan afectando a los pueblos Kukama.
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