Actualmente, quince pueblos amazónicos en Perú han declarado su autonomía o se encuentran en ese proceso, pero el Estado peruano no ha otorgado ningún reconocimiento formal. La legislación nacional solo reconoce la “personalidad jurídica” de comunidades indígenas, lo que ha fragmentado sus territorios ancestrales y dificultado su unidad política.
“Debemos ejercer nuestro gobierno basándonos en nuestros propios principios, valores culturales, estructuras organizativas, nuestra cosmovisión”, destacó Matut Impi, lideresa awajún de la Amazonía norte, en declaraciones recogidas por Mongabay Latam.
El contraste con otros países de la región
Mientras Colombia, Ecuador y Bolivia plasmaron el derecho a la libre determinación indígena en sus constituciones, sus marcos jurídicos han resultado en procedimientos prohibitivos o incompletos. Solo en Bolivia hay ocho autonomías consolidadas, y en Colombia existen 25 territorios en diferentes etapas hacia la formalización, aunque ambos contextos enfrentan obstáculos técnicos y financieros.
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En Ecuador, pese a la existencia legal de la Circunscripción Territorial Indígena desde 1998, ningún pueblo indígena ha logrado obtenerla por la complejidad de las exigencias estatales.
En cambio, en Perú no existe reconocimiento constitucional explícito, a pesar de las obligaciones asumidas en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que avalan la autonomía y la protección de sistemas jurídicos propios.
La protección de los territorios
La ausencia de reconocimiento estatal ha motivado iniciativas indígenas como la conformación del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís en 2015 y experiencias similares en otras nacionalidades. Estas estructuras buscan gestionar asuntos internos, administrar justicia propia y proteger extensiones de selva ante el avance de industrias extractivas.
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“Para nosotros el territorio es sagrado, es nuestra vida, porque un chapra sin territorio no tiene vida, es un chapra muerto”, afirmó Olivia Bisa, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra, según datos del informe.
La presión de industrias petroleras, mineras y madereras representa una de las mayores amenazas. El lote petrolero 64, en la Amazonía peruana, se transformó en punto de inflexión que llevó a los sabios tradicionales del pueblo chapra a retomar el control de sus tierras.
El rechazo a las autonomías indígenas
El avance hacia la autonomía es percibido por sectores estatales y económicos como una amenaza al “interés nacional”, dada la dependencia de los recursos naturales. “Debido a esa dependencia de los recursos, los derechos autonómicos quedan relegados frente a lo que se conoce como el interés nacional, manteniendo una relación de poder desigual y asimétrica”, sostuvo Pablo Ortiz-Tirado, sociólogo ecuatoriano, a Mongabay Latam.
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En la administración pública peruana, la defensa de los derechos colectivos indígenas es vista como rezagada. “Perú está en la retaguardia de los avances en temas de derechos colectivos en general”, subrayó Eduardo Pichilingue, coordinador de la iniciativa Cuencas Sagradas.
Acciones en marcha y desafíos pendientes
Sin respaldo legal, los pueblos indígenas de la Amazonía peruana han decidido avanzar en la zonificación de su territorio, la elaboración de estatutos y la definición de planes de vida para organizar la autogestión. Estos pasos buscan preservar su existencia ante las amenazas externas y lograr que el reconocimiento estatal no dependa exclusivamente de una decisión legislativa o administrativa.
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Para los líderes consultados, la autonomía indígena no implica secesión ni la creación de un Estado paralelo, mucho menos separarse del Perú. “La autonomía no significa secesión ni creación de nuevos Estados”, explicó Ortiz-Tirado a Mongabay Latam, enfatizando la necesidad de “mucha adecuación institucional”, porque las realidades jurídicas siguen siendo racistas y excluyentes, según remarcó el líder colombiano Eduin Mauricio Capaz.
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