
La convocatoria a una marcha para el 10 de octubre de 2025 en el Centro Histórico de Lima refleja el descontento de un sector de la población tras la vacancia de Dina Boluarte y la juramentación de José Jerí como presidente de la República. Diversos grupos ciudadanos organizan una movilización que tiene como punto de concentración las inmediaciones del Congreso de la República.
Los manifestantes denuncian la presencia de Jerí en Palacio de Gobierno debido a antecedentes judiciales, en particular una denuncia por violación sexual. Los afiches que circulan en redes sociales e invitan a la protesta contienen mensajes como: “Un violador no puede ser presidente”. El llamado a la movilización se intensificó durante la mañana a partir de la difusión de estas piezas.
La socióloga Noelia Chávez dijo en redes sociales que la protesta busca manifestar el rechazo a la decisión del Congreso y exigir respeto a principios éticos en la más alta magistratura. Según Chávez, la manifestación “es para que los congresistas sepan que sabemos perfectamente lo que están haciendo y exigir que saquen al impresentable de Jerí y pongan a alguien con cinco gramos de decencia”. La especialista subrayó la indignación que produce la presencia de figuras con denuncias graves en cargos públicos.

Los colectivos que impulsan la marcha insisten en la necesidad de transparencia y limitación de la impunidad política. Las críticas a la designación de Jerí se fundamentan en la percepción de falta de legitimidad y en la gravedad de los cargos que se le imputaron, aunque la denuncia fue archivada por la fiscalía por ausencia de pruebas.
El desarrollo de la movilización se prevé para la tarde del 10 de octubre desde las 5:00 p.m., cuando los manifestantes marcharán desde diversas zonas hacia el centro de Lima, donde espera concentrarse una importante cantidad de personas frente al Congreso para exigir un cambio en la jefatura del Estado.
Investigación archivada
José Jerí asumió la presidencia del Perú tras la vacancia de Dina Boluarte y enfrenta cuestionamientos públicos debido a su pasado judicial. A comienzos de 2025, Jerí fue denunciado por presunta violación sexual, caso que generó una fuerte reacción social. La acusación señalaba que una ciudadana perdió el conocimiento durante una reunión en Canta, tras consumir alcohol, y despertó con dolor físico y prendas del entonces congresista cerca de ella. La descripción física del presunto agresor coincidía con la de Jerí, quien negó haber participado en el hecho.

Las investigaciones incluyeron exámenes de ADN cuyos resultados descartaron la participación de Jerí, decisión que llevó al archivo del caso por falta de pruebas. Otra persona involucrada, Marco Antonio Cardoza Hurtado, familiar del ahora presidente, dejó el país y su proceso continúa abierto en instancias judiciales.
Jerí también enfrenta antecedentes de tipo judicial por desobediencia a la autoridad. Un fallo dispuso que debía cumplir tratamiento psicológico por conducta considerada impulsiva y patológica dentro del mismo proceso. Además, existe una denuncia de corrupción vinculada a su gestión como presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, donde se le acusa de facilitar pagos irregulares por S/150.000 para que un proyecto regional recibiera presupuesto estatal. En reacción a estos cuestionamientos, Jerí desplazó a integrantes de su equipo involucrados y expresó disposición para ser investigado.
En su primer discurso presidencial, José Jerí enfatizó la necesidad de promover la conciliación y restaurar la confianza ciudadana en las instituciones. Hizo un llamado al diálogo entre distintos sectores sociales y políticos, y se comprometió a fortalecer la lucha contra la delincuencia durante el período presidencial que ahora encabeza.
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