El sector transporte enfrenta una escalada de violencia en Perú, marcada por atentados, extorsiones y asesinatos. El impacto de estos hechos, que afectan tanto a trabajadores como a usuarios, llevó a diversos sindicatos y asociaciones de transportistas a interrumpir sus actividades este lunes 6 de octubre en Lima y Callao, para exigir medidas de protección y una respuesta estatal frente a la crisis de seguridad.
En este escenario, representantes de los conductores, encabezados por Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú (ANCP), participaron en una reunión de alto nivel convocada en el Congreso de la República. En ese encuentro se alcanzaron varios acuerdos, siendo el principal la exigencia al Poder Ejecutivo para que declare en emergencia el sistema de transporte público.
Días previos, la presidenta Dina Boluarte confirmó públicamente que su gobierno analiza sumar al transporte público al régimen de emergencia, a fin de acelerar procesos como la compra directa de cámaras de seguridad y reforzar la presencia policial. La mandataria aludió a la urgencia de medidas inmediatas ante los retrasos previos en licitaciones para la adquisición de equipamiento de vigilancia, por lo que se espera la aprobación de dicha medida.
¿Qué implica declarar en emergencia el transporte público?
Una declaratoria de emergencia en el transporte habilitaría al Gobierno a disponer medidas extraordinarias durante un periodo determinado, orientadas a restablecer la seguridad y el orden en el sector. Entre ellas, la instalación inmediata de cámaras de vigilancia con geolocalización y botones de pánico en las unidades, el registro biométrico facial de conductores, y la asignación de presupuestos operativos focalizados en corredores de alto riesgo.
También se apuntaría al fortalecimiento de la inteligencia policial y la creación de programas de recompensas por denuncias seguras, un fondo de asistencia para las familias de las víctimas y la cobertura obligatoria de seguros de vida y salud para los conductores formales. De esta manera, la declaratoria otorgaría facultades para agilizar adquisiciones y contrataciones, suprimiendo pasos burocráticos y permitiendo respuestas más rápidas ante la criminalidad.
No es la primera vez que se propone la emergencia
Cabe mencionar que no es la primera vez que el Parlamento y los transportistas plantean la declaratoria de emergencia. El 11 de diciembre pasado, el Pleno del Congreso aprobó una moción para solicitar el estado de emergencia en Lima y Callao por 120 días, haciendo hincapié en la urgencia de reformar el transporte terrestre y atender factores como la contaminación y el desorden vial. La iniciativa fue sustentada por la congresista Patricia Juárez, quien argumentó la necesidad de adoptar una respuesta urgente ante el incremento sostenido de delitos.
“Nos daría un tiempo razonable. Entendemos que es un problema complejo y no solo de Lima y Callao, sino de todo el país. Todas las ciudades están colapsadas por el desorden, por la informalidad y porque las autoridades competentes no han tomado cartas en el asunto y hemos llegado a la situación de colapso”, mencionó.
En ese entonces, quien era el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, señaló que su cartera junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evaluarían la propuesta. No obstante, mencionó que si bien puede facilitar una contratación más ágil de estudios técnicos y la adquisición de equipos de seguridad, lo que podría acelerar ciertas etapas del proceso administrativo, no resolverá todos los problemas estructurales.
“Nos ayudará a contratar más rápido los estudios, pero un estudio no avanza más rápido por una declaratoria de emergencia (…) En obra el impacto es menor porque se requieren estudios más detallados. Se reducirá la etapa de contratación de estudios que es un problema no menor, pero en construcción ya operamos bajo el esquema fast track donde se diseña y construye en simultáneo”, expresó Pérez-Reyes.
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