El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció este domingo que exigirá al fondo canadiense Brookfield el pago de una indemnización al Estado peruano por un monto superior a los S/ 3 mil millones, luego de que la concesionaria Rutas de Lima fuera liquidada.
“Vamos a pedir, y apunten bonito, que Brookfield le pague al Perú una indemnización superior a los 3 mil millones de solares, que nos compensen todo el daño que nos han hecho”, declaró durante una actividad pública realizada en el distrito de San Martín de Porres.
En ese contexto, solicitó al Concejo Metropolitano presentar una moción para iniciar acciones civiles contra la firma canadiense. “Que nos devuelvan todo el dinero que se ha tirado acá partiendo de un contrato corrupto, es muy simple”, añadió.
López Aliaga asumió la alcaldía en 2023 con la promesa de eliminar los peajes en la ciudad, entre ellos los gestionados por Rutas de Lima. Brookfield compró esta concesionaria en 2016 a Odebrecht, constructora brasileña que habría obtenido el contrato y sus adendas mediante pagos ilícitos a campañas electorales de la exalcaldesa Susana Villarán (2011-2014).
A través de un comunicado, el fondo señaló que “la serie de injustas y arbitrarias medidas del Estado peruano ha destruido la viabilidad financiera de Rutas de Lima” y precisó que “la pérdida de valor es de tal magnitud que el patrimonio de la empresa se ha vuelto negativo”, pese a haber invertido S/ 3.300 millones.
La semana pasada, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha enviado una carta al exfiscal que firmó el acuerdo con Odebrecht para consultarle “por qué Rutas de Lima fue excluida” del citado convenio.
La comuna también señaló que el abogado contactado “trabajó previamente en Jenner & Block, firma que representó a Brookfield”, y advirtió sobre su “injerencia directa” en el proceso legal.
Según la MML, Washington ha requerido “documentos y comunicaciones intercambiadas entre Brookfield, Odebrecht y Rutas de Lima” y agregó que se mantiene atenta a los procedimientos internacionales relacionados con la revisión del contrato, así como a cualquier irregularidad que implique protección indebida a ambas empresas.
“Va a pasar muchas cosas”
Al referirse a este caso, López Aliaga afirmó que en los próximos días “va a pasar muchas cosas”, y anticipó la reapertura del contrato original. “Se va a reabrir ese contrato de porquería que hizo Odebrecht excluyendo al Perú. Nos agarran de tarados (...) Al Perú se le respeta, señores”, enfatizó.
“Ahora estamos yendo a Lima Sur porque hay dos millones de hermanos nuestros pagando un peaje que nació de corrupción. La señora Villarán fue a un programa y dijo ‘siendo alcaldesa de Lima, yo recibí 11 millones de dólares o más’. Esa señora debería estar en la cárcel”, concluyó.
Anteriormente, Brookfield demandó a Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial para exigir el pago de más de 2.700 millones de dólares por considerar que se ha afectado su inversión.
Villarán enfrenta actualmente un juicio oral por presuntamente haber recibido 10 millones de dólares de las empresas constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar sus campañas electorales de 2013 y 2014. El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez ha pedido 29 años de prisión en su contra.
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