Federación Latinoamericana de Fiscales expresa su “profunda preocupación” por la destitución de la procuradora Silvana Carrión

La Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF) publicó un comunicado en el que expresa “su más enérgica preocupación” ante los recientes hechos ocurridos en Perú, con relación a la independencia de los órganos técnicos dedicados a la lucha contra la corrupción. El detonante ha sido el “arbitrario e injustificado cese” de la Procuradora Ad Hoc Silvana Carrión, quien desempeñaba un rol principal en las investigaciones del denominado caso Lava Jato.

De acuerdo con el texto de la FLF, Carrión había logrado “la recuperación de más de 310 millones de soles para el Estado peruano”, cifra considerada relevante por la comunidad internacional.

El mensaje de la FLF advierte que la destitución de Carrión no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de “un patrón regional preocupante” en el que las agencias anticorrupción (ACAs) y sus integrantes enfrentan crecientes presiones políticas, hostigamientos y remociones impulsadas por grupos de poder político y económico. En opinión de la institución, dicha situación permite que se debiliten las investigaciones y se obstaculice el combate a la corrupción que afecta a los países latinoamericanos.

Según el comunicado, esta decisión viola compromisos fundamentales asumidos por el Estado peruano en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).

El Artículo 36 de la UNCAC es citado textualmente: “cada Estado Parte debe cerciorarse de que la autoridad especializada en la lucha coercitiva contra la corrupción goce de la independencia necesaria para que pueda desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas”. La FLF resalta que la remoción “sin causa justificada y ante presiones políticas evidentes, constituye una clara violación de este mandato internacional”.

Mecanismos y estándares internacionales para las agencias anticorrupción

El documento remarca también la importancia de los Principios de Jakarta (2012), considerados un instrumento clave del derecho comparado para las agencias anticorrupción.

Según el Principio 6, solo se puede proceder a la remoción de funcionarios de estas entidades “por causas graves, previamente establecidas por la ley, y mediante un procedimiento objetivo, transparente e imparcial que impida la interferencia política”. La FLF advierte que estos estándares internacionales no se han respetado en el caso peruano.

El derecho comparado revela que las ACAs efectivas, como la HKICAC de Hong Kong o la Autoridad Anticorrupción de Corea del Sur, presentan ciertas características comunes.

Entre ellas destacan la existencia de mecanismos de nombramiento y remoción transparentes y colegiados, que suelen involucrar al Poder Judicial y al Poder Legislativo, así como la estabilidad en el cargo con mandatos fijos protegidos y autonomía presupuestaria y administrativa.

La FLF observa con alarma que la reciente decisión sobre la procuradora Carrión sigue a una alerta del Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE, la cual señalaba episodios de acoso e intimidación contra fiscales peruanos abocados a la investigación de corrupción.

Llamados, solidaridad y consecuencias regionales

En ese contexto, la FLF sostiene textualmente: “Manifestamos nuestra solidaridad con la procuradora Silvana Carrión y con todos los fiscales y procuradores peruanos que, en el cumplimiento de su deber, enfrentan presiones e intimidaciones”.

El comunicado exhorta “al Gobierno del Perú a rectificar esta medida, garantizar la plena independencia de sus órganos anticorrupción y adherirse estrictamente a los principios de la UNCAC y la Declaración de Jakarta”.

La federación internacional solicita también la atención de la comunidad internacional, especialmente de los órganos de seguimiento de la UNCAC y la OCDE, e invita a “mantenerse vigilantes y a evaluar las consecuencias de estos actos para el Estado de derecho en Perú”.

Expresamente, la FLF insta “a todos los países de la región a reformar sus marcos legales para blindar la independencia de sus ACAs, implementando las salvaguardias previstas en el Artículo 36 de la UNCAC”.