Al menos 17 personas, incluida una menor de edad, resultaron detenidas durante el paro de transportistas de este jueves en Lima. La movilización fue convocada como respuesta al aumento de extorsiones, atentados y asesinatos que afectan a choferes, cobradores y pasajeros en la capital.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) informó que las detenciones ocurrieron en la Comisaría de Puente Piedra. Según la organización, los detenidos permanecieron más de cuatro horas sin acceso a veeduría de organismos de derechos humanos ni presencia de fiscales.
La protesta convocó a diversos gremios que partieron desde el norte de la ciudad rumbo al Congreso de la República. Durante varias horas, los manifestantes bloquearon avenidas principales, lo que generó reducción del transporte público y alteraciones en la movilidad de diferentes distritos de Lima Metropolitana.
CNDDHH alertó por detenciones sin presencia de fiscales
La CNDDHH reportó que ni la Fiscalía de Derechos Humanos ni la fiscalía de turno participaron en las detenciones. La organización indicó que esta situación representa una vulneración al derecho al debido proceso de los arrestados.
“La veeduría de organizaciones de derechos humanos fue impedida, y no acudió ni la Fiscalía de Derechos Humanos ni la fiscalía de turno”, señaló la entidad en un pronunciamiento oficial. Además, llamó a la Fiscalia para que intervenga de manera inmediata.
Entre los detenidos figuran trabajadores del transporte urbano que participaron en la movilización pacífica. La CNDDHH advirtió que estas detenciones podrían sentar un precedente negativo en la protección de derechos fundamentales durante protestas públicas.
El paro de transportistas respondió a la escalada de extorsiones contra conductores y empresas del sector, que llevó a que cerca del 30% de los choferes suspendiera temporalmente sus labores. Durante la jornada se reportaron bloqueos en la avenida Abancay, manifestaciones en la Panamericana Norte y una significativa reducción del transporte público en diversos distritos.
Algunos trabajadores de construcción civil también se sumaron a la protesta, exigiendo respuestas ante el avance del crimen organizado en Lima. La movilización buscaba poner en evidencia la preocupación del sector frente a los recientes atentados y asesinatos de conductores.
Gremios levantaron paro tras reunión con el Congreso
Tras varias horas de movilización, los gremios de transportistas levantaron el paro luego de reunirse con la Mesa Directiva del Congreso. Los dirigentes fueron recibidos por el presidente del Legislativo, José Jerí, y los titulares de las comisiones de Transportes y Seguridad Ciudadana.
Durante la reunión se acordó impulsar, en un plazo máximo de diez días hábiles, un proyecto de ley para crear un Grupo de Élite contra la extorsión, la delincuencia y el sicariato. Con este compromiso, las unidades de transporte público retomaron sus recorridos y la avenida Abancay quedó liberada, mientras se instala una mesa de trabajo para dar seguimiento a los acuerdos.
Bloqueos y protestas marcaron paro de transportistas
Este jueves 2 de octubre, Lima amaneció con un paisaje inusual: calles vacías y el sonido habitual de buses y combis reemplazado por un silencio inquietante. La paralización de más de cien empresas de transporte urbano y miles de conductores buscaba exponer la violencia, extorsión y atentados que enfrenta el sector desde hace meses. Según la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, aproximadamente el 30% de los choferes decidió dejar de trabajar por temor, revelando la magnitud de la crisis.
La protesta reunió también a gremios como la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA) y la Confederación Nacional de Transportistas, convirtiéndose en un movimiento de alcance nacional. La ausencia de unidades fue solo una parte del panorama: buses atravesados y carteles con mensajes de alerta bloqueaban las principales avenidas, reclamando atención ante la inseguridad que atraviesan los transportistas.
El paro impactó también en otras regiones. En ciudades del norte como Trujillo y Chiclayo se registraron bloqueos y manifestaciones similares, demostrando que la extorsión y la violencia en el transporte urbano afectan a distintas regiones del país y no solo a la capital.
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