La Comisión Permanente del Congreso aprobó este lunes la acusación constitucional contra Martín Vizcarra por el presunto nombramiento indebido de Daniel Soria como procurador general del Estado en 2020, realizado bajo la Resolución Suprema 017-2020-JUS, la cual incluyó reclamos sobre el cumplimiento de los requisitos legales para dicho puesto.
La Fiscalía de la Nación formalizó la denuncia contra Vizcarra Cornejo por presunta negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal, cargos previstos en el Código Penal peruano. A este proceso también se incluyó a Ana Teresa Revilla Vergara, exministra de Justicia y Derechos Humanos, aunque la acusación constitucional sobre ella perdió vigencia por vencimiento de plazos en febrero, como explicó la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, Vizcarra fue notificado de manera formal para ejercer su derecho a la defensa, pero no presentó descargos y su ausencia se calificó como “injustificada”, de acuerdo con datos del informe final. De 19 integrantes presentes, 15 votaron a favor de la acusación, 3 en contra y hubo una abstención. La acusación, sustentada por Camones (Alianza para el Progreso), será expuesta próximamente ante el pleno del Congreso, que tiene la decisión final en sus manos.
El informe presentado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso señala que, al momento de ser nombrado, Soria no habría acreditado la trayectoria profesional requerida para el cargo de procurador general del Estado. Estas carencias habrían transgredido la normativa vigente, según consta en la Denuncia Constitucional 424 presentada por la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas. “La designación se realizó pese a que el abogado no cumplía los requisitos legales para el cargo”, sostiene el dosier que maneja la Fiscalía de la Nación.
Este procedimiento constituye la cuarta acusación formal que enfrenta el expresidente desde su salida de Palacio. En junio de 2025, el Congreso de la República le impuso una inhabilitación de diez años para ejercer cargos públicos debido a la disolución del parlamento en 2019. Previamente, en abril de 2021, recibió una inhabilitación de igual duración por el caso “VacunaGate” y en mayo de 2022 otra de cinco años por mantener vínculos con empresas privadas mientras era ministro de Transportes.
El avance de la acusación constitucional contra Vizcarra y la exclusión de la exministra Revilla mantienen en la agenda política el debate sobre la independencia de la designación de altos cargos y el cumplimiento de los procedimientos administrativos. La Fiscalía de la Nación debe recibir la información formalmente respecto al vencimiento del plazo constitucional en el caso de Revilla, paso que ya fue anticipado por la presidenta de la Subcomisión ante la Comisión Permanente.
El pleno del Congreso decidirá si la investigación seguida contra el exmandatario avanza hacia nuevas etapas judiciales, en medio de amplias discusiones sobre responsabilidades políticas y legales en el alto nivel estatal. Hasta el cierre de esta edición, Vizcarra no emitió declaraciones públicas sobre el desarrollo de la acusación ni designó un representante legal para el caso ante el Legislativo.
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