
Un factor determinante del desempeño de la actividad pesquera es el volumen de la biomasa. La cantidad del recurso juega un papel fundamental en la pertinencia de ajustar el número de embarcaciones. Para asegurar la sostenibilidad del sector, el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) evalúa el estado de la biomasa disponible y el Ministerio de la Producción (Produce) analiza si la flota de embarcaciones ya cubre, o incluso supera, la capacidad de extracción.
Así, resulta absurdo que desde el Congreso de la República se plantee la apertura de un nuevo proceso de formalización para embarcaciones pesqueras artesanales que no lograron registrarse en el pasado, sin tomar en cuenta las condiciones actuales del mercado. Actualmente, existen 19,255 embarcaciones artesanales formalizadas y, de momento, no se promueve un incremento de flota, priorizando la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos, de acuerdo con Produce.
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De acuerdo con la exposición de motivos del Proyecto de Ley 12373/2025-CR, “Ley que fortalece el proceso de formalización de las embarcaciones pesqueras artesanales en el marco del DL N.° 1392”, Produce habría emitido opinión favorable a la iniciativa legislativa. Sin embargo, también se señala que “la posibilidad de formalizar un número indeterminado de nuevas embarcaciones requiere necesariamente opinión de Imarpe, en función del grado de explotación de los recursos y el riesgo o la posibilidad de incrementar el esfuerzo pesquero”.
Cualquier nueva apertura se convertiría en un riesgo latente. ¿Qué sucedería si la flota formalizada supera lo que el recurso marino puede sostener? Prácticamente, se estaría legalizando la sobrepesca, con la consecuente afectación negativa en la actividad. Serían más de 2,000 embarcaciones que fueron descartadas del último proceso de formalización por observaciones. Se detectaron inscripciones duplicadas y expedientes con documentación irregular, según información de actores del sector.
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Esta situación contravendría la Ley General de Pesca y compromisos internacionales sobre pesca sostenible. En junio último, el Perú fue designado copresidente del Comité Directivo del Fondo para la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que consolida su liderazgo en el escenario multilateral y su compromiso con la sostenibilidad de los océanos.
Todo proceso de formalización es positivo, pues permite una correcta administración, trazabilidad y acceso a mercados. Promover e incentivar la formalización en un mercado es importante para el Estado y la sociedad, tanto por el aumento de productividad como por la contribución al bienestar público. Pero, en el caso particular del sector pesquero, sin un adecuado manejo del recurso existirían pérdidas tangibles: menor biomasa y menores ingresos para las familias.
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Una pesca juiciosa no debe definirse a través de votos en el Congreso, menos aún sin la opinión o análisis técnico y científico de Imarpe. Desde el Legislativo se estaría viendo el tema como un problema de regularización de trámites, meramente administrativo, sin tomar en cuenta que está en juego la sostenibilidad de la actividad. Se puede comprender el ánimo, el deseo o la intención del legislador por aportar “soluciones” a determinadas problemáticas; pero, antes de postular una normativa, se debe —por lo menos— socializar con las entidades competentes a fin de encontrar las mejores alternativas o descartar las propias.

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