Ayacucho: Fiscalía recupera restos de una mujer y su nieta desaparecidas en 1984 durante operativo militar

El Ministerio Público informó este lunes que personal de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho recuperó los restos de Vicenta Huamán, de 60 años, y de su nieta de apenas seis, quienes estaban desaparecidas desde noviembre de 1984, en pleno periodo de violencia política que atravesó el Perú.

De acuerdo con las investigaciones fiscales, ambas fueron ejecutadas por proyectiles de armas de fuego durante una intervención en su domicilio realizada por efectivos de la Marina de Guerra del Perú. Aquella acción se dio en el marco de un patrullaje conjunto con rondas campesinas del distrito de Tambo, en la región Ayacucho.

La diligencia de exhumación se desarrolló en el paraje de Chaupihuaycco, en la comunidad de Polanco, provincia de La Mar, bajo la dirección de la fiscal provincial Karenn Obregón Ubaldo. En el procedimiento también participaron la fiscal adjunta Noelia Anaya Laime, la perito arqueóloga Karin Flores Rodríguez y familiares de las víctimas, quienes fueron testigos del hallazgo.

El Ministerio Público destacó que la recuperación de los restos forma parte del subsistema especializado en derechos humanos e interculturalidad, que mantiene como eje el compromiso con la búsqueda de la verdad, la justicia y la memoria de las víctimas del periodo de violencia entre 1980 y 2000.

Ley de Amnistía: polémica en pleno hallazgo

Este encuentro se produce en medio de la controversia por la reciente ley de amnistía, promulgada por la presidenta Dina Boluarte en agosto, que beneficia a militares, policías y miembros de los comités de autodefensa procesados por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

La norma dispone amnistiar a quienes estén denunciados, investigados o procesados por hechos ocurridos en el marco de la lucha contra el terrorismo, e incluso a aquellos ya condenados que hayan cumplido 70 años. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, al menos 156 condenas firmes y 600 procesos judiciales podrían quedar sin efecto.

Entre los potenciales beneficiados por esta medida figuran mandos militares como José Valdivia Dueñas, responsable de la matanza de Cayara en 1988; Santiago Martín Rivas, líder del Grupo Colina que perpetró las masacres de Barrios Altos y La Cantuta; y Telmo Hurtado, conocido como el “carnicero de los Andes”, condenado por la matanza de Accomarca.

Desacato a la CIDH

La promulgación de esta ley se dio pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había ordenado suspender su tramitación. La presidenta Boluarte, además, planteó la posibilidad de que el Perú abandone el Pacto de San José, alineándose con países como Venezuela, Nicaragua y Trinidad y Tobago que ya han dejado el sistema interamericano. En paralelo, nombró como ministro de Justicia a Juan José Santiváñez, abogado que en el pasado defendió a policías acusados de ejecuciones extrajudiciales y que ya había sido censurado cuando ocupó la cartera del Interior.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales han criticado la norma. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sostiene que la amnistía “borra décadas de lucha por justicia y verdad”, mientras que el Colegio de Abogados de Puno pidió su derogación por contravenir obligaciones internacionales. A su vez, la Fundación para el Debido Proceso ha señalado que la ley “carece de efectos jurídicos” y que los jueces deben inaplicarla bajo el control de convencionalidad.

Los abogados Carlos Rivera y Aníbal Quispe recuerdan que todos los magistrados del país tienen la obligación de ejercer el control difuso, es decir, inaplicar las normas que contravengan la Constitución, así como cumplir con el control convencional derivado de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En esa línea, el juez Richard Concepción Carhuancho ya optó por inaplicar la ley de amnistía en un proceso concreto, aunque esa decisión le valió una denuncia por presunto prevaricato ante la Junta Nacional de Justicia, presentada por el congresista Fernando Rospigliosi.