La primera sesión del juicio oral contra la exalcaldesa capitalina, Susana Villarán, se instaló con la participación del fiscal José Domingo Pérez y del procurador público. La acusación fiscal incluye supuestos pagos ilícitos recibidos de constructoras brasileñas a cambio de modificar contratos de peajes.
Durante la audiencia, Villarán se dirigió a los magistrados para cuestionar el enfoque de la investigación y sostuvo que su administración priorizó a los sectores más vulnerables. La exautoridad recalcó que se intenta desconocer las medidas sociales que implementó durante su gestión en la Municipalidad de Lima.
Antecedentes del caso
El proceso judicial contra Susana Villarán se enmarca dentro de las investigaciones por el caso Lava Jato, que en el Perú alcanzó a diversos líderes políticos. La fiscalía sostiene que empresas como Odebrecht y OAS financiaron campañas electorales a cambio de beneficios en obras y concesiones municipales.
En el caso de Villarán, el Ministerio Público indica que recibió aportes para la campaña del “No” en la revocatoria de 2013 y para su postulación en 2014. Estas transferencias habrían estado vinculadas a decisiones contractuales relacionadas con peajes en la capital.
El Ministerio Público solicita una pena de hasta 29 años de prisión por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, asociación ilícita y lavado de activos. La defensa de la exalcaldesa rechaza estas imputaciones y asegura que demostrará la legalidad de sus actos de gobierno.
Señalamientos por los contratos de peajes
En su intervención, Villarán recordó que el contrato de concesión de peajes se firmó en 2009 bajo la gestión de Luis Castañeda Lossio. Dicho acuerdo entregaba el 65% de los ingresos generados en las vías a una empresa privada, situación que, según la exburgomaestre, su gestión buscó corregir.
Explicó que durante su mandato se renegoció el contrato y que más de 2.500 familias de la margen izquierda del río Rímac recibieron compensaciones económicas. La exfuncionaria afirmó que las variaciones tarifarias cuestionadas por el Ministerio Público se encontraban en la adenda número dos y que estas se aplicarían después de que dejara el cargo.
Respuesta ante acusaciones de organización criminal
La Fiscalía atribuye a Villarán la pertenencia a una presunta organización criminal dedicada a recibir financiamiento ilegal de constructoras extranjeras. Frente a este cargo, la exalcaldesa respondió que su defensa desmontará cada punto de la acusación.
Indicó que presentará pruebas para refutar la tesis fiscal y aclaró que ningún miembro de su equipo actuó al margen de la ley. “Nosotros vamos a desbaratar uno por uno los elementos de esta organización”, expresó al salir de la audiencia en medio de un fuerte cerco de periodistas.
Señalamientos contra el “tumulto mediático”
Villarán denunció que el proceso se desarrolla bajo presión mediática, lo cual, a su juicio, afecta la percepción ciudadana. Señaló que el debate público alrededor del caso ha puesto más atención en titulares que en los aspectos jurídicos de fondo.
La exburgomaestre manifestó que se siente expuesta a un juicio paralelo en la opinión pública. “Aquí se me está juzgando por no haber gobernado a favor de los poderosos”, subrayó, al tiempo que rechazó que los contratos renegociados respondieran a intereses privados.
Continuidad del proceso judicial
La fiscalía solicita hasta 29 años de prisión para Villarán por delitos vinculados a cohecho y lavado de activos. La etapa actual del juicio oral contempla la presentación de pruebas y la declaración de testigos clave, entre ellos representantes de las constructoras brasileñas.
Las audiencias se prolongarán durante las próximas semanas con la participación de los abogados de las partes involucradas. El tribunal deberá valorar los alegatos antes de pasar a la fase de análisis de pruebas documentales y testimoniales.
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