Representante del Corredor Morado es amenazado por error tras visita a la empresa Santa Catalina: el “Cartel de los Soles” se atribuye el hecho

El transporte público en Lima vuelve a quedar bajo la sombra de la violencia. Esta vez, las amenazas alcanzaron a Gerardo Hermoza, representante del corredor morado, quien denunció haber recibido mensajes extorsivos tras una visita a la empresa Santa Catalina, ubicada en San Juan de Lurigancho. El hecho revela la magnitud de la presión que ejercen bandas criminales sobre las compañías de buses que recorren los distritos más poblados de la capital.

El propio Hermoza relató que los mensajes llegaron a su teléfono personal pocas horas después de mantener una reunión por motivos administrativos en dicha empresa, cuya flota enfrenta problemas de pago y riesgos de embargo. Lo alarmante no fue solo la advertencia, sino también la manera en que los delincuentes accedieron a un número que él asegura mantener en total reserva. “Se han conseguido mi número, mi nombre ¿a dónde estamos llegando? Lo más extraño es que mi número está bastante restringido y yo no soy accionista de ninguna empresa de transporte ni formo parte de ellas”, expresó con preocupación.

Los criminales que se atribuyen la autoría de las amenazas se identifican como parte del “Cartel de los Soles”, un grupo que ya mantiene bajo presión a una de las tres rutas de la empresa Santa Catalina. El mensaje que recibió Hermoza contenía advertencias directas contra los choferes de esa compañía. “El día de hoy me llegan mensajes al WhatsApp amenazándome y diciéndome que van a dejar una estela de cadáveres de los choferes de la empresa Santa Catalina, de la cual yo no soy accionista ni pertenezco”, señaló.

La denuncia del representante del corredor morado pone en evidencia un fenómeno que no es aislado. Solo en lo que va del año, Santa Catalina —también conocida como la ruta 23— ha recibido seis amenazas. La inseguridad, lejos de disminuir, golpea con fuerza a los trabajadores y genera un ambiente de temor constante en el sector transporte.

Extorsión y violencia contra empresas de transporte

En la mañana del jueves, la tensión subió de nivel. Dos balas fueron enviadas directamente al local de Santa Catalina en San Juan de Lurigancho, un acto que los trabajadores interpretan como una señal de advertencia contundente. El episodio se suma a una lista de intimidaciones que, según los propios empleados, busca doblegar a los operadores para obligarlos a pagar cupos.

Gerardo Hermoza fue claro al deslindar cualquier relación con la empresa afectada, señaló que su presencia se limitó a una gestión vinculada al proveedor de buses. “Yo ayer, el día de ayer he visitado a la empresa Santa Catalina por un tema particular, porque el proveedor de buses le quiere quitar la flota que tiene por la falta de pago por el tema de las extorsiones”, explicó. Sin embargo, el solo hecho de haber estado en el lugar bastó para convertirlo en objetivo de amenazas.

El miedo no se limita a los representantes o funcionarios. El personal de la empresa Santa Catalina ha solicitado acciones inmediatas por parte del gobierno central. La demanda se concentra en el pedido de una intervención militar en la zona, como medida de protección para choferes y usuarios. “Nosotros lo que queremos es que la Presidenta de una vez saque al ejército y que todo esto se acabe de una vez. Ya estamos hartas de tanta delincuencia, de tanta extorsión, de tanta maldad en el Perú”, expresó una trabajadora visiblemente afectada.

El caso ilustra la presión que enfrentan las empresas de transporte en Lima, particularmente en distritos donde el crimen organizado intenta consolidar su control a través de la intimidación. Mientras tanto, los conductores y administradores continúan trabajando bajo amenazas, en un entorno en el que cada día se vuelve más difícil garantizar la seguridad de los pasajeros y la continuidad del servicio.