Delia Espinoza insiste que proceso en su contra es ilegal y advierte que miembros de la JNJ “terminarán en la cárcel”

La crisis institucional en el sistema de justicia se agudiza a raíz de la convocatoria de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para una audiencia pública destinada a decidir la posible suspensión y apertura de un procedimiento disciplinario contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. La funcionaria no solo aseguró que el proceso es irregular, sino que contiene elementos que podrían derivar en responsabilidades penales por parte de los miembros del pleno.

En entrevista con RPP, la titular del Ministerio Público mencionó que el informe elaborado por la vicepresidenta María Teresa Cabrera, el cual plantea apartarla por un plazo de seis meses, es un acto desesperado y constituye serios ilícitos. “Esto, prácticamente, es un proceso inmediato, es arbitrario, es irregular. Están actuando desesperadamente. Los señores van a terminar en la cárcel porque han cometido avocamiento indebido, usurpación de funciones, actos que han sido denunciados oportunamente ante el Congreso de la República”, declaró en RPP.

Denunció que se está violentando la autonomía de la Junta de Fiscales Supremos, al buscar investigarla por no reponer a Patricia Benavides, y que su ratificación como titular del Ministerio Público fue ignorada por la JNJ. “Lo que está haciendo la Junta Nacional de Justicia es atropellar la autonomía. La Junta de Fiscales Supremos me ha ratificado, ha reafirmado mi condición de Fiscal de la Nación válidamente elegida, y eso no lo están tomando en cuenta en la Junta Nacional de Justicia, se están yendo contra mi persona. Yo diría que es hasta una venganza por lo que no lograron el día 16 de junio”, destacó.

En esa línea, insistió que no incurrió en desacato, ya que actuó “en resguardo de la legalidad y la institucionalidad del Ministerio Público”. Agregó que la JNJ no cumplió con los requisitos de notificación en varias etapas del proceso y que el propio procedimiento arrastra irregularidades formales. “Todo esto está plagado de irregularidades, de ilegalidades. Y yo soy defensora de la legalidad”, sostuvo.

“La JNJ pretendió que —a pesar de haber sido designada como fiscal de la Nación, válidamente, por tres años, y de manera constitucional por parte de mis colegas de la Junta de Fiscales Supremos— yo entregue, de motu proprio, es decir, por propia iniciativa, ese cargo, como fiscal de la Nación, a la señora Patricia Benavides, quien, como ya se ha demostrado —y la JNJ no ha dicho nada— a esa fecha todavía seguía válidamente destituida en otro procedimiento disciplinario”, indicó.

“No he cometido desacato y ellos lo saben, porque la misma JNJ sabía que, por un procedimiento simultáneo, al 16 de junio de 2025, la señora Patricia Benavides estaba aún, por lo menos, suspendida o destituida y todavía no estaba habilitada. Ellos lo saben, están forzando la figura, están cometiendo una serie de delitos, están acumulando delitos que el Congreso no quiere ver, porque no les conviene. Es que, obvio, tengo investigados, tengo denunciados constitucionalmente a una gran cantidad de congresistas que los están archivando, actuando como jueces. No están haciendo control político”, añadió.

La denuncia inicial contra Espinoza fue realizada por Luis Miguel Caya Salazar y admitida a trámite el 18 de julio de 2025. Entre los hechos que se le atribuyen se encuentran la instigación al personal del Ministerio Público para permanecer dentro de la sede institucional el 16 de junio, con el fin de evitar la ejecución de la disposición de la JNJ, hecho que se considera una interferencia en el ejercicio de funciones de otros órganos del Estado, conforme a la Ley de la Carrera Fiscal.

La posibilidad de una suspensión preventiva recae ahora en manos de los consejeros de la JNJ: Gino Ríos (presidente), Francisco Távara Córdova, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, Germán Serkovic y Cayo Galindo. María Teresa Cabrera no participará en la votación, en cumplimiento de las reglas éticas del proceso. Si el Pleno aprueba la medida, Espinoza Valenzuela quedaría apartada de sus funciones hasta por seis meses mientras dure la investigación, periodo en el que la suspensión no tendría carácter sancionador definitivo.