
A los audios atribuidos a Juan José Santiváñez, ministro de Justicia de Perú, se suma uno nuevo que refuerza el presunto delito de tráfico de influencias. Punto Final difundió una grabación registrada durante 2024, en la que se implica al entonces presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, en el marco de las gestiones para favorecer a Miguel Joao Marcelo Salirrosas, exsuboficial de la Policía conocido como ‘El Diablo’, acusado de integrar una banda criminal y condenado a 27 años de prisión.
De acuerdo a la grabación, al saber que el expolicía sería cambiado de penal, la familia le pidió interceder. “Hablando con una persona ahí del INPE, me dijo de que eso es en cualquier momento, ¿no? Incluso ya el día jueves han mandado más o menos a doce presos a otros lugares. Entonces, no quiero que se llegue ese día y bueno, que no se haya hecho nada, ¿no? Ahorita que es bien complicado, usted nos puede ayudar con ello, por favor, doctor", se le oye decir al interlocutor.
“Señito, ¿cómo está? Señito, ya le escribí al señor Llaque, ya al presidente del INPE nuevamente. Le he pedido. A ver, esperemos, a ver, por favor", responde quien sería el hoy titular del Ministerio de Justicia. Esta afirmación se acompaña de una captura de pantalla enviada bajo la función “ver solo una vez”, donde se mostraría el intercambio con quien ocuparía la presidencia del INPE.
Consultado por el dominical, el propio Llaque rehusó dar detalles del caso, bajo el argumento de que existe una investigación en marcha. “Hay una investigación al respecto y no es adecuado que yo declare. [...] No es bueno que yo salga a declarar”, reiteró.

Este hecho se suma al testimonio de un familiar protegido del sentenciado, quien asegura que Santiváñez solicitó veinte mil dólares adicionales a sus honorarios legales a cambio de “asegurar el caso” en el Tribunal Constitucional. “El doctor Santiváñez le dijo que no se preocuparan porque tenía sus contactos en la Segunda Sala del Tribunal Constitucional. Le pidió veinte mil dólares más para asegurar el tema. Sin embargo, el monto de veinte mil dólares no tiene nada que ver con sus honorarios, sino que era lo que él pidió para asegurar el caso ante el Tribunal Constitucional”, mencionó. No obstante, esa suma, según la versión del exministro, correspondía únicamente a honorarios.
El testigo entregó audios para desmentir lo expresado por el hoy integrante del gabinete ministerial de Dina Boluarte. “Señito, nosotros estamos trabajando para que eso no sea así. En este caso, esto ha ocurrido así porque el ponente, lamentablemente, este señor es un antipolicía, por eso. Pero nosotros tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando. Sobre todo, por ejemplo, el doctor Gutiérrez Ticse”, se escucha en una de las grabaciones en manos de la Fiscalía.
Como parte de un plan b, el interlocutor mencionó la alternativa de presentar un recurso extraordinario de revisión de sentencia impugnada ante la Suprema. Sin embargo, la familia le recordó que eso no era parte del acuerdo: “Se supone que ya tenía que haber algo seguro, por eso es que nosotros hemos buscado todos los medios necesarios para poder conseguir lo que se acordó y nosotros hemos hecho hasta lo imposible de poder conseguir todo lo que se ha conseguido”.
“Nosotros hemos llegado a un acuerdo para que se vea qué es lo que va a pasar, sino para que se vaya al cien por ciento seguro, ¿no? Y Miguel pueda salir, más que todo porque Miguel ahorita está ahí adentro", agregó el familiar. “Señito, estoy moviendo cielo y tierra. No se preocupe”, responde quien sería el flamante funcionario.
Las grabaciones sugieren que a fin de darle tranquilidad a la familia, Santiváñez habría informado constantemente las supuestas gestiones tanto en el INPE como ante el Ministerio de Justicia. Según la fuente, llegó incluso a referirse a una conversación en el propio despacho ministerial con el entonces ministro Eduardo Arana Isa, actual jefe de gabinete de la presidenta Dina Boluarte.
“Hermano, escúchame nomás, ¿no? No quiero molestarte. Rapidísimo, nomás. Mira, lo que pasa es que han venido al ministerio la familia de los policías. ¿Y te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, que está en Trujillo, ¿no? Todavía no lo cambian. Hermano, por favor, ya. Te mando su nombre completo”, se escucha en la grabación.
Consultados por Punto Final, el área de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) respondió negando cualquier coordinación entre Eduardo Arana y Santiváñez relacionada con este proceso penal.
Al respecto, la defensa del ministro sostiene que no hubo un delito y que cualquier promesa fue simulada sin efecto práctico, dado que las resoluciones judiciales no favorecieron al interno cuestionado: el Tribunal Constitucional rechazó el hábeas corpus y la transferencia de penal no se habría realizado según las gestiones prometidas.
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