Rafael Belaúnde advierte que la minería ilegal avanza y puede convertirse en una especie de “cártel de Sinaloa” en Perú

El exministro de Energía y Minas, Rafael Belaúnde Llosa, advirtió en entrevista con RPP que la minería ilegal vinculada al oro está creciendo de manera alarmante en el país. Según explicó, esta actividad ilícita “hoy mueve más dinero que el narcotráfico” y genera un “poder de corrupción y de violencia realmente enorme”, lo que amenaza con desbordar la capacidad del Estado para controlarla.

Belaúnde señaló que la expansión de estas mafias podría convertir al Perú en un escenario similar al del cártel de Sinaloa, organización criminal mexicana que se consolidó como un imperio transnacional del narcotráfico. “Estamos corriéndonos el riesgo de que esto se convierta en una especie de Sinaloa en el Perú, es decir, es ya la claudicación del Estado ante las organizaciones criminales”, advirtió.

Violencia criminal y similitudes con Sendero Luminoso

En la conversación con RPP, el exministro recordó que en diversas zonas del país, como Pataz, en La Libertad, se han registrado ataques de gran violencia que reflejan la magnitud del problema. “Hemos visto, en Pataz, por ejemplo, que derriban torres de alta tensión como en la época de Sendero Luminoso. Entran a las galerías de las minas asaltantes con armamento de guerra, asesinan a los trabajadores para robarse el mineral”, afirmó.

Asimismo, mencionó que la violencia se ha extendido hacia ciudades como Trujillo, donde se han reportado atentados con explosivos contra viviendas. Para Belaúnde, la minería criminal ya no se limita a zonas de extracción aisladas, sino que avanza hacia espacios urbanos, incrementando el riesgo para la población civil.

Inseguridad afecta inversión

Durante la entrevista, el exministro de Energía y Minas remarcó que la violencia ligada a la minería ilegal está golpeando directamente la confianza de los inversionistas. “Evidentemente, afecta a las inversiones porque el inversionista lo que quiere, primero, es seguridad jurídica, cosa que este gobierno se ha encargado también de erosionar”, señaló.

Según explicó, los inversionistas requieren reglas claras y estables en el tiempo, pero el Estado ha introducido cambios constantes en el marco legal y en el régimen impositivo, lo que genera desconfianza. A esta situación se suma la proliferación de la criminalidad, que impacta tanto en el gran capital como en la inversión de pequeña escala. “La extorsión y el sicariato afecta directamente a la principal fuente de inversión y de generación de empleo en el Perú”, enfatizó.

Canon minero: riqueza sin impacto

En otro momento, Belaúnde subrayó que la minería ha generado recursos millonarios para el Estado, pero que estos no han tenido un efecto real en las poblaciones que viven en las zonas de influencia minera. “En los últimos cinco años son como 100 mil millones de soles, y la verdad que esos recursos se quedan básicamente en el circuito de la política”, comentó para el citado medio.

Denunció además que la distribución del canon ha estado marcada por corrupción y mala focalización. “Tenemos distritos donde tienen estadios de fútbol con más aforo que ciudadanos y, sin embargo, no tienen agua potable”, indicó, al cuestionar la forma en que se gestionan los recursos en gobiernos regionales y locales.

Distribución de la renta minera

Para enfrentar esta situación, el exministro planteó la necesidad de un nuevo esquema de reparto del canon que beneficie directamente a las familias. “No puede ser que el ciudadano que vive con los beneficios y los costos de una gran operación minera sea un invitado de piedra”, sostuvo.

Belaúnde propuso un “trípode” en el que la renta minera se divida entre la empresa, el Estado y los ciudadanos de la localidad. Una de las alternativas que sugirió es individualizar el canon mediante transferencias directas, como un “cheque minero”, y potenciar programas sociales como Juntos, Pensión 65 y Beca 18, de modo que el impacto sea inmediato en la vida de las personas.

Reformas agresivas

Finalmente, Rafael Belaúnde subrayó en RPP que el Perú requiere impulsar “reformas muy agresivas” en el frente social y en la defensa de los derechos del consumidor. Cuestionó la alta concentración de mercados en sectores como el farmacéutico y previsional, donde “solamente hay cuatro AFP, no hay otras alternativas para invertir”.

“El Perú es un país donde lo que ha predominado lamentablemente ha sido el mercantilismo. Tenemos que entender que en la economía de mercado es el ciudadano el soberano, es el consumidor el que manda, no la empresa”, puntualizó. Para ello, insistió en la necesidad de un Estado que fomente competencia, reglas claras y un mercado abierto, pero sobre todo, que empodere al individuo frente a los monopolios y los intereses de poder.