La excarcelación de Betssy Chávez, ordenada la semana pasada por el Tribunal Constitucional, no tardó en generar controversia en el Parlamento. Apenas dos días después, el congresista Roberto Sánchez solicitó su contratación como asesora de su despacho, defendiendo que la ex primera ministra “cumple los requisitos profesionales”. Sin embargo, la Mesa Directiva del Congreso y especialistas en derecho parlamentario coincidieron en que la exfuncionaria no puede ocupar un cargo en el Legislativo.
El pedido despertó críticas inmediatas. No solo porque Chávez enfrenta un proceso penal por su presunta participación en el golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022 —delito por el que la Fiscalía pide 25 años de cárcel—, sino porque además se encuentras suspendida.
“Ella intentó cerrar el Congreso, eso está en materia de investigación. Para nosotros como Congreso no procede. Trabajará donde seguramente tenga la oportunidad, pero en el Congreso de la República no”, afirmó el presidente del Parlamento, José Jerí, el día de ayer al confirmar que la solicitud de Sánchez será rechazada.
Lo que dice la Constitución
En entrevista con Canal N, el exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, explicó por qué la contratación de Chávez sería ilegal.
“Ella está suspendida en el ejercicio de las funciones como congresista mientras dure el proceso penal. Mientras está suspendida entra el accesitario, pero sigue siendo congresista. Y según la Constitución, el congresista no puede ejercer otra función pública excepto la de profesor”, detalló.
El argumento se basa en el artículo 92 de la Constitución Política del Perú, que establece la incompatibilidad del mandato parlamentario con cualquier otra función pública. En ese sentido, ser asesora —cargo dentro de la administración pública— resulta incompatible con su condición de congresista suspendida.
“Es congresista suspendida, y al ser congresista, aunque no ejerza, no puede asumir otro cargo en el Estado”. Por ello, descartó de plano la posibilidad de que sea asesora parlamentaria.
El exfuncionario también recordó antecedentes: “Si a un congresista suspendido luego lo absuelven, su accesitario debe retirarse y el titular retorna a su curul. Eso ocurrió con José Luna en el pasado. Es lo normal que podría suceder también con Chávez si eventualmente fuera absuelta”.
Una contradicción política de Betssy Chávez
Más allá de los aspectos legales, Cevasco resaltó la ‘paradoja’ de que Chávez busque trabajar en la misma institución que intentó cerrar durante el intento de golpe del 7 de diciembre de 2022.
“Primero quiso clausurar el Parlamento, no lo logró, y ahora quiere trabajar en la institución que buscó cerrar. No se condice con su ideario ni con la coherencia que debe tener un político”, opinó.
La ex primera ministra afronta un proceso penal en curso, con un pedido de 25 años de prisión por rebelión y conspiración. El Tribunal Constitucional ordenó su liberación al considerar que la ampliación de su prisión preventiva fue dictada fuera de plazo, pero ello no modifica su condición de congresista suspendida ni sus impedimentos legales.
Roberto Sánchez se niega a responder ante la negativa del Congreso
El 6 de septiembre, Sánchez formalizó ante el área de personal del Congreso su requerimiento para que Chávez sea contratada como asesora de confianza de nivel 8 en su despacho, lo que la llevaría a ganar un sueldo entre S/ 10.000 a S/ 15.000. Argumentó que la ex primera ministra tiene título, maestría y experiencia profesional. “Yo estaría contentísimo de que sea soporte profesional en mi despacho”, declaró.
No obstante, la solicitud chocó con dos barreras. Al artículo 19 de la Constitución, se le suma el informe del Área de Asesoría Laboral del Congreso, que reiteró que Chávez no ha perdido su investidura, por lo que sigue siendo congresista suspendida y, en consecuencia, está impedida de ocupar un puesto en el Estado.
Este martes 9 de septiembre, Sánchez declaró que aún no ha recibido la notificación oficial: “Hasta esta hora no ha llegado a mi despacho ningún documento de respuesta. El objetivo número uno es la recuperación y rehabilitación de Betssy, y que enfrente su proceso judicial en libertad”.
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