
Trabajadoras profesionales de la Municipalidad de Comas denunciaron que, por órdenes de altos funcionarios comunales, fueron obligadas a desempeñar funciones ajenas a sus cargos bajo la figura de animadoras o porristas en eventos oficiales y del partido Somos Perú, agrupación política del alcalde Ulises Villegas. Las denuncias incluyen presiones directas para participar vestidas con atuendos alusivos al partido y coreografías durante actividades públicas, bajo la advertencia de que negarse implicaría represalias laborales.
Según testimonios develados por Punto Final, las afectadas son abogadas, ingenieras, comunicadoras sociales y profesionales de distintas áreas municipales. Relataron que eran extraídas de sus labores durante el horario de oficina, a través de mensajes enviados por grupos de WhatsApp. Las instrucciones eran trazadas directamente por órdenes del alcalde o mediante sus gerentes y subgerentes, y su cumplimiento no era opcional.
La investigación, respaldada por fotos, videos y chats, documentó que las trabajadoras fueron citadas en el Centro Cívico y otros recintos públicos de Comas para ensayar o protagonizar coreografías, portando pompones y uniformes de animadora. Los hechos se extendían a jornadas completas e incluso a fines de semana, en campeonatos deportivos y pasacalles donde el propio alcalde encabezaba la comparsa vistiendo los colores de Somos Perú.
“Para mí no son porristas. Son personas que llevan alegría. Son parte de un programa que tiene la municipalidad que llevamos a los colegios el apoyo social. No es permanente. […] y seguirá pasando. El programa no va a acabar”, mencionó y calificó de falso que dentro de los horarios administrativos ensayen.

Las profesionales denunciaron además que, en paralelo al rol de porristas municipales, recibían metas de interacción digital: estaban obligadas a generar cierto número de “likes” y comentarios diarios en las redes sociales institucionales, con el objetivo de amplificar la popularidad del alcalde en internet. Quienes no cumplían con los objetivos o manifestaban su disconformidad podían quedar registradas en listas negras o sufrieron demoras en la renovación de sus contratos laborales.
“No trabajas a consciencia. Creen que nos pueden hue**r. Yo no voy a venir a cada rato a preguntarle a cada uno de ustedes cómo mover redes. […] Si su gerente o su funcionario no les da permiso también me avisan para botarlos, sea quién sea”, se le oye decir a quien sería Yuriko Niño de Guzmán Tengan, secretaria general distrital del partido Somos Perú y colaboradora directa del despacho de alcaldía.
La mujer, quien buscaría la Alcaldía de Comas, figura en registros fotográficos junto al alcalde Villegas, y según denunciaron las trabajadoras, se encargaba de designar horarios, repartir tareas y establecer sanciones. “Son varias las chicas que no están de acuerdo, pero no nos queda otra opción”, mencionó una de las denunciantes.
Vallery Tafur Vigo (subgerencia de Licencia y Promoción Empresarial), Clariza Alcántara Bruno (Oficina General de Asesoría Jurídica), Viviana del Pilar Quinteros Sánchez (Subgerencia de Limpieza Pública), Valeria Lobera Pastor (gerencia de participación vecinal), Fiorella Montalvo (Oficina de Atención al Ciudadano) son solo algunas de las trabajadoras identificadas en los eventos.

“Vamos con unas licras de Somos Perú. Muy incómodas y los hombres te mira, te silban y una tiene que estar ahí sonriendo y esos eventos son de Yuriko. Se nos pide incluso buscar nuevos afiliados. Si les decimos que no vamos o no nos gusta, primero te botan del grupo de WhatsApp y luego de la Municipalidad”, denuncia una de las mujeres afectadas.
Si bien el alcalde Villegas negó tener conocimiento y la existencia de órdenes orientadas a obligar a sus trabajadoras a tales funciones, la cantidad de comunicaciones internas y registros audiovisuales contradicen esa versión. En varias imágenes se observa incluso la entrega y uso de uniformes partidarios en el interior de la propia municipalidad, en espacios donde se realizan sesiones oficiales y reuniones con regidores.
Consultada sobre los hechos, Yuriko Niño de Guzmán no brindó respuesta. El caso permanece abierto ante nuevas denuncias y relatos que se están recibiendo en reserva por parte de la Unidad de Investigación. Las afectadas solicitan garantías para sus derechos laborales y el cese de prácticas que consideran como una vulneración a su dignidad y autonomía profesional.
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