La Defensoría del Pueblo busca intervenir en el caso de Betssy Chávez. Este martes 26 de agosto presentó un escrito ante el Tribunal Constitucional para ser ‘amicus curiae’ en el hábeas corpus de la expresidenta del Consejo de Ministros. Esta figura permite a la entidad aportar argumentos jurídicos sin ser parte directa.
Aseguran que el documento contiene argumentos jurídicos que “contribuirán a dilucidar la controversia ‘iusfundamental”. Los aspectos que desean resaltar en el texto son los siguientes:
- Respeto al plazo de la prisión preventiva, como garantía indispensable frente a la arbitrariedad y en resguardo de la presunción de inocencia.
- Rol del hábeas corpus en la protección de la libertad personal, reafirmando su carácter de mecanismo célere y eficaz para garantizar este derecho.
- Principio de igualdad ante la ley, que asegura que todas las personas reciban un trato jurídico uniforme, sin privilegios indebidos ni discriminaciones arbitrarias.
Como se sabe, Chávez viene atacando una huelga de hambre seca y ha rechazado someterse a evaluación médica, mientras sigue cumpliendo prisión preventiva en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos. Ella fue detenida por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso.
Defensoría interviene en el caso Vizcarra
La Defensoría del Pueblo también presentó un 'amicus curiae’ en el proceso de ‘hábeas corpus’ que busca la protección de los derechos fundamentales del expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Según informó la entidad, este recurso tiene como propósito ofrecer una apreciación jurídico-técnica para fortalecer el debate judicial y respaldar la labor de los órganos jurisdiccionales ante la controversia por la situación penitenciaria del exmandatario.
El pronunciamiento de la Defensoría sostiene que, por razones de seguridad, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha clasificado a cuatro expresidentes en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, en cumplimiento de la Directiva N.º 006-2023-INPE-DTP. No obstante, la aplicación del literal k) del numeral 6.2 de la mencionada directiva ha generado, según el amicus curiae, vicios de motivación y nulidad en las resoluciones administrativas sobre el caso de Vizcarra, lo que impactaría en los derechos a la libertad personal, igualdad ante la ley, no discriminación y dignidad humana.
La postura institucional, expresada a través del amicus curiae, busca proporcionar elementos de análisis jurídico que permitan dilucidar la controversia iusfundamental suscitada, así como respaldar la eventual tutela de derechos vulnerados. Precisamente, este miércoles 27 de agosto, el exmandatario retornó al penal de Barbadillo, luego de dejar su reclusión en el tópico del penal Ancón II, luego de que lo anunciara el polémico nuevo ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
Durante una conferencia de prensa, el titular del sector manifestó que, aunque los delitos que se le imputan a Martín Vizcarra corresponden a su gestión como gobernador regional de Moquegua, se debió reevaluar el centro penitenciario debido a que ejerció la Presidencia. “El Instituto Nacional Penitenciario está disponiendo, como reitero, en el ámbito de sus atribuciones, de manera independiente, el traslado inmediato del expresidente Martín Vizcarra a Barbadillo”, acotó.
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