El sitio arqueológico San Andrés, en la provincia de Casma, vuelve a ser noticia. La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Áncash informó que el lugar presenta daños visibles tras la instalación de construcciones modernas, cercos improvisados y acumulación de desmonte. La situación preocupa por tratarse de un espacio declarado Patrimonio Cultural de la Nación desde 2009.
Durante una visita oficial, realizada con participación de representantes municipales y de la Policía Nacional, se verificó que dentro del polígono del monumento existen edificaciones abandonadas y presencia de vehículos pesados. Estos elementos, según los especialistas, alteran de manera directa la conservación del sitio prehispánico. “Se constató la presencia de construcciones abandonadas, cercos de palos y alambres, así como un depósito de desmonte y camiones en el monumento arqueológico”, señaló la DDC de Áncash en un comunicado.
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La inspección dejó en evidencia una serie de acciones que contravienen la protección legal de estos bienes. La Ley N.° 28296, que regula el Patrimonio Cultural de la Nación, establece que cualquier daño o intervención no autorizada constituye una infracción que puede derivar en sanciones legales. En este caso, la entidad cultural anunció que el hecho será comunicado a la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura para que se inicien los procedimientos correspondientes.
Afectaciones confirmadas en el sitio
El equipo técnico de la DDC identificó daños puntuales. Entre ellos, dos construcciones recientes: una pequeña infraestructura tipo nodo y un muro de material moderno. También se registró un cerco con palos y alambre de púas colocado dentro de la zona arqueológica, además de edificaciones inconclusas que permanecen abandonadas.
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A ello se suma un depósito de desmonte, acompañado por la circulación de camiones dentro del área protegida. Esta situación, según la entidad, representa un riesgo adicional, pues las vibraciones y el peso de los vehículos pueden ocasionar impactos en las estructuras originales del sitio.
La inspección contó con la presencia de la Municipalidad Distrital de Comandante Noel y la Municipalidad Provincial de Casma, autoridades locales que fueron informadas de manera directa sobre los hallazgos y la necesidad de adoptar medidas inmediatas.
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La normativa vigente considera que los monumentos arqueológicos son bienes de interés público. Por ello, además de las acciones del Estado, la participación ciudadana resulta clave en la preservación de estos espacios. El Ministerio de Cultura ha puesto a disposición un sistema de denuncias para que cualquier persona pueda reportar daños a bienes culturales.
El proceso puede realizarse en línea, de manera gratuita, y con carácter anónimo. Según la institución, “la denuncia será anónima; sin embargo, el DNI ingresado será vinculado para usarlo en los procedimientos que el Ministerio de Cultura realice en la protección y defensa del patrimonio cultural”. Esto permite dar seguimiento a cada caso y reforzar las acciones legales contra los responsables.
En caso de presentarse una denuncia, el ciudadano debe indicar el nombre del inmueble afectado, su ubicación exacta y el tipo de alteración observada, ya sea construcción, demolición, invasión o huaqueo. También es necesario incluir una descripción breve de los daños, posibles responsables y referencias de acceso al lugar.
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Próximos pasos
La DDC de Áncash indicó que el caso del monumento arqueológico San Andrés será trasladado a la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura. El objetivo es que se inicien las acciones legales necesarias para sancionar a quienes intervinieron en la zona sin autorización. “Este hecho será puesto en conocimiento de la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura, a fin de que se adopten las acciones legales correspondientes contra los responsables”, remarcó la entidad.
Mientras tanto, se espera que las autoridades locales coordinen labores de control en los alrededores, con el fin de evitar que las afectaciones se extiendan. El sitio, reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación, requiere vigilancia constante y articulación entre distintos niveles del Estado y la ciudadanía para asegurar su preservación.
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