Más de una década después del brutal asesinato de cuatro líderes ashéninkas en la comunidad Alto Tamaya Saweto, en Ucayali, la justicia peruana ratificó este lunes 25 de agosto la condena de 28 años y tres meses de prisión contra los responsables del crimen.
La Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali confirmó la pena contra los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta, como autores mediatos, y contra los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix, como coautores materiales.
El tribunal ordenó también la inmediata captura de los sentenciados e incrementó la reparación civil de S/50.000 a S/100.000 por víctima, sumando S/400.000 en favor de las familias. Con este fallo en segunda instancia, el proceso iniciado en 2014 culmina con una decisión histórica que responde a años de exigencia de justicia por parte de la comunidad y de organizaciones indígenas.
Once años después del crimen
El 1 de septiembre de 2014, los dirigentes ashéninkas Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Francisco Pinedo Ramírez y Leoncio Quintisima Meléndez fueron asesinados tras recibir reiteradas amenazas por denunciar la tala ilegal en la frontera con Brasil. Según la investigación fiscal, los acusados planearon y ejecutaron el crimen en represalia a las denuncias que los líderes habían presentado ante distintas autoridades sin obtener protección efectiva.
Durante las audiencias de apelación, se corroboró la declaración del testigo protegido, quien relató cómo los acusados se prepararon para perpetrar el asesinato y luego lo comentaron en un bar cercano a Saweto. Este testimonio resultó clave para confirmar las condenas.
El caso simboliza la vulnerabilidad de las comunidades indígenas que enfrentan al tráfico de madera y otras actividades ilícitas en la Amazonía peruana, muchas veces sin respaldo del Estado pese a las amenazas constantes.
El fallo de segunda instancia y su alcance
La sentencia de este lunes ratifica la resolución emitida en abril de 2024 por el Juzgado Penal Colegiado de Ucayali, que ya había impuesto 28 años de prisión a los acusados. En ese momento, las defensas apelaron buscando la nulidad, mientras que la Fiscalía pidió aumentar la pena y la representación de las familias solicitó mayor reparación civil.
En esta segunda instancia, los jueces concluyeron que los delitos de homicidio calificado estaban plenamente acreditados. Además, señalaron que las pruebas presentadas por la defensa para desacreditar al testigo protegido no fueron suficientes. También tomaron en cuenta un amicus curiae elaborado por el exprocurador José Ugaz, que respaldó la validez de la sentencia de primera instancia.
La lectura de sentencia se realizó de forma pública y en lengua ashéninka, garantizando así el derecho de las familias a comprender plenamente el fallo.
El significado de la sentencia
Para las familias, el fallo representa un avance en una lucha que parecía interminable.
“Después de once años de dolor y espera, hoy sentimos que se ha avanzado para lograr justicia. Ahora esperamos que los sentenciados cumplan la condena”, expresó Ergilia Rengifo López, viuda de Jorge Ríos.
La abogada Rocío Trujillo Solís, representante de Edwin Chota, afirmó que la decisión “confirma la responsabilidad de los acusados y envía un mensaje de esperanza a otros defensores indígenas que enfrentan la impunidad”.
Organizaciones como AIDESEP también destacaron que la sentencia sienta un precedente fundamental para otros casos de violencia contra defensores en el Perú. “En la Amazonía, más de 35 hermanos indígenas han sido asesinados en los últimos años. Este fallo marca el camino para que no queden impunes”, declaró el apu Miguel Guimaraes, vicepresidente de la organización.
Ucayali, la región más peligrosa para los defensores indígenas
El Caso Saweto no es un hecho aislado. Según registros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Ucayali es la región con más defensores ambientales asesinados desde el 2013: al menos siete dirigentes fueron ultimados en medio de conflictos por la tala ilegal y el narcotráfico.
El Ministerio de Justicia reportó que, solo entre 2020 y 2024, en esta región se registraron 75 situaciones de riesgo que involucraron a 131 defensores de derechos humanos y sus familias. Estos escenarios muestran cómo el crimen organizado ha penetrado territorios indígenas, convirtiéndolos en uno de los puntos más peligrosos del país para quienes defienden bosques y territorios.
La violencia se extiende a familiares de los líderes, que también son blanco de amenazas. El asesinato de los dirigentes de Saweto es uno de los tantos ataques que buscarían silenciar las denuncias contra las economías ilegales.
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