Después de más de una década de espera, el próximo lunes 25 de agosto se conocerá la decisión en segunda instancia sobre el asesinato de los cuatro líderes ashéninkas de la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto, en Ucayali.
El crimen, ocurrido en septiembre de 2014, conmocionó al país y puso en evidencia la vulnerabilidad de quienes defienden sus territorios frente a la tala ilegal.
La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali programó la lectura del fallo tras culminar un proceso de apelación que tomó cuatro meses, con quince sesiones en las que se revisaron pruebas, testimonios y recursos de las partes involucradas. Las víctimas —Edwin Chota Valera, Francisco Pinedo Ramírez, Jorge Ríos Pérez y Leoncio Quintisima Meléndez— habían denunciado reiteradamente amenazas de muerte por su labor de defensa del bosque en la frontera con Brasil.
El proceso judicial y las posiciones enfrentadas
En abril de 2024, el Juzgado Penal Colegiado Conformado de Ucayali impuso penas de 28 años y tres meses de cárcel a José Estrada Huayta, Hugo Soria Flores, Josimar y Segundo Atachi Félix. También ordenó una reparación civil de 50 mil soles para cada familia afectada. Sin embargo, la sentencia fue apelada: el Ministerio Público pidió aumentar la condena, la defensa de las familias solicitó una reparación civil más alta y los sentenciados reclamaron la nulidad.
Durante la apelación, la Fiscalía y los abogados de las familias presentaron elementos que —según sostienen— “confirman la solidez de la sentencia de primera instancia”. Entre ellos figura el testimonio clave de un testigo protegido. También se incorporó un informe especializado de amicus curiae elaborado por el penalista y ex procurador José Ugaz Moreno, que respalda la condena inicial.
Por su parte, la defensa de los condenados presentó nuevas pruebas con el objetivo de desacreditar el testimonio protegido, aunque estas fueron refutadas por el Ministerio Público y los representantes legales de las familias. “Como defensa legal de las familias, estamos expectantes de la decisión de los magistrados”, señaló Rocío Trujillo Solís, abogada de Edwin Chota.
Intentos de retrasar el juicio
El camino hacia la sentencia no estuvo exento de incidentes. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) denunció que los abogados de los acusados buscaron dilatar el proceso con recursos y maniobras procesales. Uno de los episodios más tensos se dio en junio, cuando abandonaron la sala de forma abrupta, lo que fue considerado por el tribunal como una falta de respeto y motivo de sanción.
“A pesar de estos intentos de perjudicar y boicotear el proceso, se ha llegado al final de esta segunda instancia”, indicó Jessica Quiroz, asesora legal de Francisco Pinedo y Jorge Ríos.
Previamente en mayo, el juicio tuvo que ser suspendido tras la renuncia del intérprete ashéninka, lo que impidió la participación efectiva de los familiares de las víctimas. Se habían recibido quejas sobre el desempeño del intérprete quien terminó renunciando a pocos días de la convocatoria. Sin embargo, el Ministerio Público no reaccionó a tiempo.
Un precedente para la protección de defensores indígenas
Organizaciones indígenas han seguido de cerca el caso, considerándolo un símbolo de la lucha contra la impunidad. “En la Amazonía peruana, son más de 35 hermanos indígenas que han sido asesinados en los últimos años por defender sus territorios de actividades ilegales. La sentencia del caso Saweto es importante porque va a permitir marcar el camino y ser un precedente para los otros casos similares”, advirtió el apu Miguel Guimaraes, vicepresidente de AIDESEP.
Las familias de las víctimas, acompañadas por AIDESEP y la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), estarán presentes en la audiencia final. También han hecho un llamado a la comunidad internacional y a la sociedad civil para que sigan de cerca el desarrollo de este fallo.
A once años del asesinato, el caso Saweto se mantiene como un recordatorio del riesgo que enfrentan los defensores de la Amazonía y la urgencia de garantizar justicia en un contexto de creciente criminalización y amenazas. El 25 de agosto, la decisión de la Sala Penal de Apelaciones podría convertirse en un punto de inflexión para la protección de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú.
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