La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió una resolución que modifica las reglas de acceso a la información pública respecto al parque automotor oficial. Con esta disposición ya no será posible conocer las características de los vehículos utilizados por ministros, viceministros y altos funcionarios del Ejecutivo, pues la información fue declarada de carácter “reservado”.
De acuerdo con la Resolución Jefatural N.° 002-2025-PCM/OSDEN-A, el documento sostiene que la difusión de estos datos podría “facilitar la comisión de actos ilícitos”.
Seguridad y confidencialidad de la flota oficial
La PCM sustenta la medida en la necesidad de proteger la seguridad nacional y la integridad de las más altas autoridades del Ejecutivo. Según la resolución, al tratarse de información directamente vinculada con la movilidad de ministros, viceministros y de la propia presidenta del Consejo de Ministros, su difusión podría facilitar la comisión de actos ilícitos como seguimientos, ataques o amenazas.
El documento cita la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que habilita a las entidades a declarar como reservados aquellos datos cuya revelación “originaría un riesgo a la integridad territorial o a la subsistencia del sistema democrático”. En esa línea, se precisa que el resguardo de la información sobre la flota vehicular oficial se enmarca en la “prevención y represión de la criminalidad en el país”.
Además, se enfatiza que esta clasificación busca evitar que detalles sobre la distribución, movimiento o características de los vehículos puedan ser utilizados por organizaciones delictivas para planear acciones contra altos funcionarios. Para la PCM, blindar esta información resulta indispensable en un contexto de creciente inseguridad y presencia de redes criminales que representan una amenaza para la seguridad ciudadana y del Estado.
Información que queda restringida
Con la nueva disposición, los ciudadanos ya no podrán acceder a detalles específicos sobre la flota vehicular del Ejecutivo. La resolución precisa que se declaran reservados los listados de placas de los automóviles utilizados por ministros, viceministros y altos funcionarios, así como la cantidad de unidades asignadas a cada despacho. También se restringe la entrega de información sobre los modelos, marcas o características técnicas de los vehículos y cualquier dato vinculado a su distribución, reasignación o movimientos internos en las entidades del Estado.
Hasta ahora, este tipo de solicitudes eran frecuentes en el marco de la Ley de Transparencia y permitían conocer, además, contratos de adquisición, seguros y gastos de mantenimiento. Con la clasificación de “reservada”, las entidades públicas solo podrán entregar reportes generales de gasto, pero sin información que identifique a cada unidad vehicular de manera individual.
¿Seguridad o poca transparencia?
La decisión de la PCM llega en un escenario marcado por los cuestionamientos al gasto público y la falta de transparencia en el Ejecutivo. En los últimos meses, se ha conocido que el Gobierno negó entregar documentos relacionados con el incremento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte, declarando esa información como “confidencial”.
En paralelo, la Contraloría General de la República inició una investigación por la compra de vehículos de alta gama para generales de la PNP por más de S/ 17 millones, lo que desató críticas ciudadanas sobre la pertinencia y el control de esos gastos.
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