La controversial ley de amnistía promulgada el pasado 13 de agosto sigue siendo rechazada, es así como los familiares de víctimas de crímenes de Estado ocurridos entre 1980 y 2000, de las muertes registradas durante los gobiernos de Manuel Merino y Dina Boluarte realizarán un plantón este jueves 21 de agosto desde las 5 de la tarde.
La norma, oficializada el 14 de agosto pese a la advertencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa procesados o sentenciados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno. Los deudos denuncian que esta medida representa un grave retroceso y abre la puerta a la impunidad.
Una norma cuestionada dentro y fuera del país
La Ley Nº 32419 beneficia a militares y policías que no tengan sentencia firme, así como a adultos mayores de 70 años con condena cumplida o en ejecución, siempre que no hayan sido procesados por terrorismo ni corrupción. Su aplicación incluye delitos “derivados u originados” en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) advierte que más de un millar de procesados y sentenciados por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas podrían acogerse a la medida. Para este organismo, la ley contradice la jurisprudencia internacional que prohíbe las amnistías en casos de crímenes de lesa humanidad.
Coincidencia con la Corte Interamericana
La protesta del 21 de agosto no será un hecho aislado. Ese mismo día, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizará en Costa Rica una audiencia pública de supervisión de sentencia sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta, dos de los crímenes más emblemáticos del conflicto armado interno en el Perú.
La coincidencia refuerza el reclamo de las víctimas, que buscan visibilizar su demanda en el plano internacional y advertir sobre el riesgo de que el Estado peruano reincida en mecanismos de impunidad ya condenados en décadas pasadas.
Posturas enfrentadas
Mientras los familiares y colectivos de derechos humanos llaman a la sociedad civil a sumarse al plantón, desde el Congreso algunas voces defienden la ley. El vicepresidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), declaró que más de 350 militares y policías enfrentan “procesos injustos” y criticó a la Fiscalía por haber creado un equipo especial de más de 70 funcionarios para investigarlos.
Para los deudos, en cambio, lo que está en juego es la memoria, la justicia y la dignidad de miles de víctimas. “Seamos una sola voz para que esta ley infame no encubra a quienes cometieron delitos y asesinatos”, señalaron en su pronunciamiento público.
Los familiares recuerdan que el país aún no ha saldado su deuda con las víctimas del conflicto armado interno ni con quienes perdieron la vida en protestas recientes, como las de Juliaca en 2023. Con la vigilia del 21 de agosto, esperan no solo rechazar la Ley de Amnistía, sino también reafirmar la exigencia de verdad, justicia y reparación como pilares de la democracia en el Perú.
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