Eduardo Salhuana defiende gestión de César Acuña tras atentado en Trujillo: responsabiliza de inseguridad al Mininter y PNP

El congresista Eduardo Salhuana —integrante de Alianza para el Progreso— se refirió al reciente atentado con dinamita en Trujillo y el crecimiento de la criminalidad en la región norte del país. Consultado sobre la responsabilidad de César Acuña, gobernador regional de La Libertad, mencionó que la crisis de inseguridad recae principalmente en el Ministerio del Interior, a cargo de Carlos Malaver, y la Policía Nacional del Perú (PNP), pero no en la gestión del también fundador de APP.

Si bien indicó que aceptan las críticas con humildad y que “siempre se puede mejorar el trabajo que uno hace en la gestión pública”, mencionó que la capacidad operativa y la lucha contra la criminalidad dependen del Ejecutivo y la PNP. “Tenemos que verlo con un sentido integral, holístico. Se incorporan cuatro mil policías y se retiran siete mil. Hay un problema estructural en torno a la seguridad ciudadana. [...] Yo creo que lo que amerita aquí es declarar en emergencia la policía y una completa y total reorganización”, expresó.

Consultado sobre la organización criminal ‘Los Pulpos’, la cual nace en La Libertad, y el tiempo en el que Alianza para el Progreso estuvo al frente de la región norte, insistió que “APP no ha manejado el Ministerio del Interior ni la Policía”.

En relación con la efectividad de declarar estado de sitio —una solicitud presentada por Acuña— Salhuana subrayó que presenta dificultades constitucionales: “Legalmente, no sería aplicable. No correspondería porque no estamos en una situación de guerra civil ni invasión”. Aseguró que, en cambio, la solución pasa por una estrategia integral nacional. “Ha fracasado, en general, las políticas sobre seguridad ciudadana a nivel nacional”, concluyó.

¿Qué pasó en Trujillo?

La noche del 14 de agosto de 2025, Trujillo vivió uno de los episodios más violentos en su historia reciente con la detonación de un artefacto explosivo en la cuadra 8 de la avenida Perú. La explosión, atribuida a la organización criminal Los Pepes, dejó como saldo al menos cinco personas heridas y daños en más de veinte viviendas, además de cortes de electricidad que agravaron la situación para decenas de familias. La onda expansiva se percibió en varios barrios aledaños y provocó el despliegue inmediato de agentes de la Policía Nacional del Perú y equipos de emergencia para evacuar a los heridos y asegurar la zona.

Según reportes oficiales y videos difundidos en redes sociales, el atentado se produjo en el frontis de una vivienda vinculada a la familia de Sergio Bolaños, un exintegrante de la banda criminal Los Pulpos que recuperó su libertad meses antes tras cumplir condena. Las primeras investigaciones apuntan a que la detonación fue consecuencia de una disputa entre Los Pulpos y Los Pepes ―bandas que se disputan el control de extorsiones y cobro de cupos a comerciantes locales—, además de la rivalidad con “La Jauría”. El ministro del Interior, Carlos Malaver Odias, confirmó que el ataque habría sido perpetrado con entre 15 y 20 cartuchos de dinamita, material de uso habitual en la minería ilegal, cuyo poder destructivo provocó graves daños a la infraestructura urbana.

Un video compartido por Los Pepes sirvió como mensaje intimidatorio y fue dirigido a Sergio Bolaños, a quien se exigió el pago de un millón de soles bajo amenaza directa: “un millón de soles vale tu vida ... 48 horas … sigo derramando sangre”. La vivienda afectada pertenece a la madre de Bolaños y había sido exhibida en publicaciones previas como blanco de ataques. La víctima, que habría denunciado a integrantes de la banda rival, se convirtió en objetivo dentro de una serie de represalias propias de la guerra territorial que enfrenta Trujillo.

El contexto en Trujillo es parte de una dinámica nacional que arrastra incrementos persistentes en índices de homicidio y extorsión. Los ataques con explosivos reflejan la diversificación del método delictivo de las bandas y el impacto directo sobre la vida cotidiana de sus habitantes. Las autoridades se mantienen en alerta mientras la investigación sigue abierta y crecen las demandas sociales por acciones urgentes que frenen la violencia en la capital liberteña.