Lima enfrenta un escenario marcado por un incremento sostenido de crímenes violentos, con cifras que muestran la profundidad de la crisis en materia de seguridad ciudadana. En los últimos años, la capital peruana ha experimentado un aumento notable en homicidios, extorsiones y atentados que afectan tanto a la policía como a la población civil.
De acuerdo con registros oficiales, difundidos por Punto Final, los homicidios en Lima prácticamente se triplicaron en seis años. En 2017, se reportaron 240 casos, mientras que en 2023 la cifra llegó a 695 asesinatos. El primer trimestre de 2024 mostró una tendencia al alza, con 544 homicidios y tentativas de asesinato, frente a los 466 del mismo período en 2022 y los 481 de 2023. La magnitud del problema resulta visible en la frecuencia de los hechos: cada semana se reportan asesinatos en diferentes distritos, sin distinción de zonas.
La extorsión es, según expertos y autoridades, el delito que más crece. Ricardo Valdez, de CHS Alternativo, explicó al medio en mención que “solo en el primer semestre del 2025 ya superamos las 15.000 denuncias. Vamos a cerrar el año con 30.000”. En 2019, la extorsión era un delito esporádico, pero a 2025 se ha convertido en una verdadera epidemia. Actualmente, en Lima, el 32% de ciudadanos afirma haber sido víctima de extorsión, o conocer a alguien que lo ha sido. Cada día se denuncian 69 casos de extorsión en la capital.
La inseguridad en las calles afecta tanto a ciudadanos como a agentes del orden. El 13 de agosto, el suboficial Juan Carlos Díaz fue asesinado por disparos en la cabeza y el pecho durante una intervención policial en Los Olivos. Su familia expuso la precariedad del equipamiento policial: Díaz utilizaba un chaleco antibalas adquirido con sus propios recursos. Según el reporte oficial, para 2025 el presupuesto contemplaba 8,9 millones de soles para comprar chalecos antibalas en Lima y Callao, pero hasta julio la ejecución era de cero por ciento. En contraste, en el mismo periodo, la Policía Nacional invirtió 17 millones de soles en autos de lujo para altos mandos, una diferencia que ha sido duramente criticada por especialistas y familiares de las víctimas.
El impacto de la inseguridad no se limita a distritos periféricos. El 15 de agosto, sicarios asesinaron al agente inmobiliario Gianfranco Navarro en la avenida Santa Cruz de Miraflores, una zona donde los crímenes suelen ser menos frecuentes. Semanas antes, un cobrador de transporte murió baleado en San Martín de Porres, y en Carabayllo, la explosión de un artefacto en un bus dejó tres pasajeros heridos. En total, durante los últimos días, la ciudad ha registrado atentados, incendios de vehículos y balaceras en barrios tradicionales y zonas comerciales.
El transporte público enfrenta una situación crítica. El vocero de la Asociación de Transportistas, Martín Valeriano, afirmó: “Nos están matando. No una, sino varias bandas nos extorsionan. Y el Estado no reacciona”. El sector evalúa un nuevo paro ante las amenazas continuas de mafias que exigen pagos ilegales a conductores y empresarios.
A nivel internacional, la imagen de Lima como ciudad violenta se ha intensificado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyó a la capital peruana en la lista global de ciudades inseguras. Al respecto, Valdez advirtió: “Perú tiene 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. No somos México ni Venezuela, pero vamos en ese camino”. Zonas de la costa norte y regiones como Pataz ya registran tasas comparables a las de los países más golpeados por la criminalidad.
El aumento sostenido de delitos, la magnitud de las cifras y la falta de ejecución presupuestal para seguridad, describen un panorama alarmante para Lima. La realidad de la ciudad exige políticas públicas urgentes para detener la violencia y garantizar la vida cotidiana de millones de personas.
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