El último miércoles 13 de agosto, el expresidente peruano Martín Vizcarra fue trasladado al penal de Barbadillo para cumplir cinco meses de prisión preventiva ordenados por el juez Jorge Chávez Tamariz. La medida, dictada por riesgo de fuga y obstaculización del proceso, se enmarca en el juicio oral iniciado el 28 de octubre de 2024 por presuntos sobornos recibidos durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014) en las obras “Lomas de Ilo” y la ampliación del Hospital Regional de Moquegua.
La Fiscalía, liderada por Germán Juárez Atoche, solicita 15 años de prisión y una reparación civil de S/4.6 millones por un perjuicio económico equivalente. Vizcarra comparte reclusión en Barbadillo con otros exmandatarios como Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Pedro Castillo, y Ollanta Humala, en lo que se ha denominado la “cárcel de expresidentes”.
Un pacto secreto en 2013
El caso dio un giro clave en noviembre de 2024, cuando Elard Paul Tejeda, exgerente de la constructora Obrainsa y colaborador eficaz desde 2020 en el caso Lava Jato, testificó ante el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional. Tejeda, quien conoció a Vizcarra en 2003 durante un proyecto de represa en Arequipa, afirmó que en noviembre de 2013 pactó directamente con el entonces gobernador un soborno del 2% del valor de la obra Lomas de Ilo —S/1,016,000— para garantizar que el consorcio Obrainsa-Astaldi ganara la licitación y obtuviera información privilegiada.

Según Tejeda, Vizcarra le reveló el presupuesto máximo de S/81 millones, permitiendo al consorcio ajustar su oferta. El acuerdo se gestionó sin intermediarios, coordinado mediante 19 llamadas telefónicas entre ambos, registradas entre noviembre de 2013 y abril de 2014.
La avioneta, los sobres manila y los pagos en efectivo
El primer pago, en diciembre de 2013, no fue en efectivo, sino mediante el alquiler de una avioneta por S/40.000, coordinado por la secretaria de Tejeda a través de correos y llamadas. Esta modalidad buscaba evitar rastros bancarios. Posteriormente, el 24 de enero de 2014, tras una llamada de Vizcarra para ultimar detalles, Tejeda entregó S/400.000 en billetes de S/200, empaquetados en un sobre manila A3 para reducir el volumen. En abril de 2014, entre el 4 y el 7, se entregaron S/600.000 de la misma forma. Los fondos se obtuvieron mediante cheques cobrados por un conserje de Obrainsa, trasladados a la oficina de Tejeda en Lima, y guardados en una caja fuerte antes de las entregas.
Tejeda aseguró que las transacciones se realizaron fuera del horario laboral, en privado, y sin cámaras de seguridad. En una ocasión, otros trabajadores de Obrainsa vieron a Vizcarra salir con un sobre similar, aunque solo él y el exgobernador estuvieron presentes durante las entregas. La Fiscalía respaldó el testimonio con los cheques, registros de vuelos, correos de la secretaria, y los 19 contactos telefónicos, proponiendo una demostración en sala para mostrar que el monto podía caber en un sobre A3.
Testigos adicionales y desarrollo del juicio
El 18 de noviembre de 2024, Manuel Tejeda Moscoso, hermano de Elard y gerente de obras de Obrainsa, confirmó el acuerdo del 2% y las reuniones previas con Vizcarra. Un segundo exdirectivo de la empresa corroboró las entregas de dinero, fortaleciendo la acusación. Entre diciembre de 2024 y julio de 2025, el juicio avanzó con peritajes financieros que detectaron movimientos irregulares en las cuentas de Obrainsa, informes técnicos que revelaron sobrevaloraciones en la licitación de Lomas de Ilo, y testimonios de funcionarios regionales de Moquegua que señalaron la influencia directa de Vizcarra en la adjudicación.
La defensa, encabezada por el abogado Erwin Siccha, intentó desacreditar a Tejeda, destacando que fue prófugo entre 2018 y 2020 por el caso Club de la Construcción y sugiriendo que su colaboración eficaz respondía a beneficios judiciales. Sin embargo, la jueza Fernanda Ayasta limitó varias preguntas por considerarlas irrelevantes, generando tensiones. En una audiencia, Ayasta reprendió a Siccha: “Entiendo el calor del interrogatorio, pero modere su tono”. El fiscal Juárez también objetó intervenciones de la defensa, argumentando que buscaban desviar el foco. La defensa cuestionó al juez Chávez Tamariz por su matrimonio con una fiscal del equipo Lava Jato, insinuando un conflicto de interés, y anunció una apelación a la prisión preventiva.
El caso del Hospital de Moquegua
Vizcarra también es acusado de recibir S/1.3 millones en sobornos de la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) para la ampliación del Hospital Regional de Moquegua en 2014. Según la Fiscalía, estos pagos siguieron un esquema similar al de Lomas de Ilo: entregas en efectivo tras coordinaciones directas, respaldadas por testimonios de exdirectivos de ICCGSA obtenidos mediante colaboración eficaz. Aunque el juicio ha centrado más atención en Lomas de Ilo debido a la solidez de las pruebas de Tejeda, el caso del hospital contribuye al perjuicio económico estimado por la Procuraduría y a la solicitud de 15 años de prisión.
La respuesta de Vizcarra
Vizcarra ha negado las acusaciones desde el inicio. En videos publicados en X y TikTok entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, calificó a Tejeda como un ‘autoreconocido delincuente’ y afirmó que “no existen testigos directos de las supuestas entregas”. También denunció un “pacto mafioso” en las instituciones judiciales y políticas para neutralizarlo, señalando su inhabilitación política (tres veces por el Congreso, la última hasta 2031) como evidencia de persecución. Sus partidarios, activos en X, sostienen que el caso busca frenar su liderazgo en el partido Perú Primero de cara a las elecciones de 2026.
El traslado de Vizcarra a Barbadillo desató un intenso debate. Organizaciones civiles han señalado que Barbadillo, diseñado para dos internos pero albergando a cinco expresidentes, refleja la crisis penitenciaria peruana, con un costo por interno de miles de soles mensuales y recursos limitados.
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