El Poder Judicial ordenó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, al considerar que existe riesgo de fuga en el proceso que enfrenta por el presunto delito de cohecho pasivo propio. El juez Jorge Chávez Tamariz argumentó que el exmandatario carece de arraigo laboral y familiar, además de haber mostrado una conducta procesal cuestionable. La decisión se tomó tras una extensa audiencia en la que se evaluaron los cargos y las evidencias presentadas por la fiscalía.
Según el fiscal Germán Juárez Atoche, Vizcarra habría recibido millonarias coimas de las constructoras Obrainsa e ICCGSA para adjudicarles los proyectos Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua, cuando era gobernador regional entre 2011 y 2014. El magistrado señaló que existen graves y fundados elementos de convicción que lo vinculan con estos pagos ilícitos, por lo que afrontará privado de su libertad el avance de las investigaciones.
“Arbitraria e inconstitucional”
El abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, calificó como “arbitraria e inconstitucional” la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz de dictar prisión preventiva contra el exmandatario, en el marco de la investigación por presunto delito de cohecho. En entrevista con Canal N, el letrado aseguró que la medida responde a “presiones políticas y mediáticas” y que el magistrado actuó “más como fiscal que como juez”, cuestionando incluso aspectos que no habían sido planteados por el Ministerio Público.
Siccha señaló que el juez “cuestionó el arraigo familiar” de Vizcarra, a pesar de que el fiscal no había planteado ese argumento en ninguno de sus escritos. “No puede ser posible que diga que no hay arraigo familiar si tiene un hijo menor de edad con el que reside desde hace años”, indicó. El abogado agregó que este hecho, sumado a otros, refleja un “proceso irregular” y vulnera el derecho a la defensa.
“No es posible que ese punto haya sido incluido en el debate, ya que nosotros tampoco lo cuestionamos y el fiscal nunca presentó objeción alguna al respecto. La discusión debió centrarse única y exclusivamente en el arraigo laboral. Lo ocurrido es absolutamente inconstitucional. Ningún juez puede introducir en el debate un tema que no haya sido planteado por las partes.”, explicó.
Denuncia conflicto de interés
El defensor legal anunció que este miércoles presentará un recurso de apelación con el que espera revertir la orden judicial. No obstante, el letrado también aseguró que la decisión de la audiencia fue tomada antes de escuchar ambas parte e indicó que la resolución “estaba previamente redactada”. “En un Estado de Derecho, el juez debe resolver después de escuchar a todos los involucrados, no antes”, enfatizó.
Durante la entrevista, Siccha reveló además que el magistrado Chávez Tamariz es esposo de una fiscal que integra el equipo especial Lava Jato, lo que, a su juicio, constituye “un evidente conflicto de interés”. “Esto compromete la imparcialidad del proceso”, advirtió, señalando que el hecho genera dudas razonables sobre la independencia del fallo.
Cuestiona pruebas presentadas
El abogado también cuestionó la valoración del juez sobre contratos y recibos presentados como parte de la defensa. Aclaró que estos documentos fueron legalizados notarialmente después del requerimiento de prisión preventiva, no porque fueran falsos, sino para “dar fiabilidad” en el marco de otra audiencia.
“Eso es absolutamente irracional e inconstitucional; nadie actúa de esa manera. Es cierto que nosotros lo hemos hecho, pero únicamente en respuesta a un requerimiento de prisión preventiva, con el fin de dar fiabilidad a un documento que ya existía previamente.”, declaró.
Por otro lado, Siccha rechazó los fundamentos que vinculan los pagos por asesorías al presunto delito de cohecho. Explicó que los servicios se siguieron prestando y facturando durante el tiempo en que Vizcarra estaba en libertad, sin que ello constituya un ilícito. “No hemos sostenido en ningún momento que el cohecho requiera un perjuicio al Estado; ese argumento ni siquiera fue parte del debate en la audiencia”, aseveró.
“Presiones externas”
En su análisis, la decisión judicial “se aparta de la jurisprudencia de la Corte Suprema” y representa un precedente peligroso. “Se está cediendo a presiones externas y se vulnera el debido proceso, algo que no debería ocurrir con ningún ciudadano”, manifestó.
Respecto al destino inmediato de Vizcarra, el abogado indicó que, mientras se realizan las coordinaciones internas, su prioridad es garantizar la integridad del exmandatario. No descartó que pueda ser trasladado al penal de Barbadillo, aunque aclaró que “aún no hay confirmación oficial” y que la defensa está concentrada en que la apelación se vea lo antes posible.
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