La Contraloría General de la República inició una investigación simultánea en las regiones de La Libertad, Loreto, Huancavelica y Junín para identificar y documentar posibles irregularidades en contrataciones públicas que habrían favorecido a la empresa LC & EC Constructora, Consultora y Servicios S.A.C., así como a los consorcios en los que participa.
El despliegue incluye la presencia de equipos técnicos de Lima que supervisarán in situ el trabajo de los auditores regionales, garantizando la objetividad y legalidad de las intervenciones.
Obras bajo la lupa
En La Libertad, las pesquisas se centran en dos proyectos: el mejoramiento del corredor vial Trujillo–Huanchaco, y la ampliación del Hospital Provincial de Virú. En Loreto, se investiga el plan de contingencia del servicio de neonatología del Hospital Regional “Felipe Arriola Iglesias”.
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En Junín, el foco está en el mejoramiento del Hospital de Apoyo Manuel Higa Arakaki en Satipo, mientras que en Huancavelica se recopila información sobre el establecimiento de salud de nivel I-4 en Acoria.
Según la Contraloría, se busca recabar información técnica, administrativa y contractual directamente en las unidades ejecutoras responsables de las obras, en el marco de la Ley N.° 27785 y la Directiva N.° 019-2022-CG/GMPL.
La joven empresaria y los contratos millonarios
Detrás de estas licitaciones se encuentra Lucero Coca Condori, de 23 años, quien registró LC & EC en 2023 sin experiencia previa ni personal técnico acreditado. Pese a ello, su empresa obtuvo contratos por más de S/522 millones en tres regiones durante 2025.
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En La Libertad, bajo la gestión del gobernador César Acuña, la compañía ganó S/121.5 millones para el Corredor Vial Norte y S/194.58 millones para el hospital de Virú, sumando S/315.6 millones. En Junín, el 9 de abril se adjudicó S/207 millones para el hospital de Satipo, y en Loreto, S/22.4 millones para el hospital Felipe Arriola Iglesias.
Consorcios con socios de mínima participación
LC & EC logró estos contratos formando consorcios con empresas de trayectoria como Marquisa S.A.C., Riva S.A. y Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A. Sin embargo, estas compañías tuvieron participaciones mínimas —entre 1% y 10%—, mientras la firma de Coca asumió hasta el 99% de las responsabilidades, incluyendo la ejecución de las obras.
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Expertos como Mónica Yaya han señalado que este modelo, aunque legal, aprovecha vacíos normativos para que empresas sin historial técnico accedan a licitaciones millonarias.
Procesos cuestionados y descalificación de competidores
En Junín, la adjudicación del hospital de Satipo dejó fuera a 11 competidores durante la etapa de evaluación, dejando como único postor válido al consorcio de LC & EC. En Loreto, el patrón fue similar: un socio con experiencia mínima y la joven empresa como ejecutora principal.
Estos procesos despertaron dudas sobre la transparencia y la equidad en la competencia, lo que motivó el inicio de la investigación de la Contraloría y el interés de la Fiscalía Anticorrupción.
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En ese sentido, la entidad fiscalizadora dispuso que auditores internos verifiquen que todas las actuaciones realizadas y por realizarse estén alineadas a la normativa vigente y a los principios del control gubernamental. El objetivo es prevenir y detectar posibles casos de inconducta funcional, así como proteger los intereses del Estado y de la ciudadanía, según señalan.
Acuña niega vínculos, pero hay reuniones previas
César Acuña negó conocer a Lucero Coca o tener relación con LC & EC, asegurando que las licitaciones fueron transparentes y ejecutadas por comités técnicos bajo la Ley de Contrataciones del Estado. No obstante, medios como Panorama y Epicentro TV revelaron reuniones de Coca y su padre con Acuña y el gerente regional Martín Namay antes de las adjudicaciones.
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Las investigaciones también revisan la ausencia de cartas fianza en contratos de La Libertad, permitida por la Ley N.° 32103, y la baja participación de empresas con experiencia en los consorcios ganadores, lo que incrementa las sospechas de favorecimiento.
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