General PNP Víctor Arriola cuestiona labor de la Fiscalía: "¿Dónde están las detenciones preliminares que pedimos?"

La Dirección de Investigación Criminal de Perú reconoce la gravedad de la crisis de seguridad y asume plenamente la responsabilidad ante los recientes atentados contra empresas de transporte. Durante una conferencia, el general PNP Víctor Revoredo informó que tanto la Policía Nacional del Perú, como el Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se encuentran bajo evaluación permanente debido al aumento de hechos delictivos.

El propio Revoredo subrayó que la presidenta de la República ha dado instrucciones directas para coordinar acciones entre las principales instituciones responsables de la seguridad y la justicia. Según el comandante, estas mesas de trabajo buscan fortalecer la respuesta estatal frente a la escalada de violencia en el sector transporte. El funcionario remarcó que, en caso de que los delincuentes no sean capturados, la responsabilidad recae sobre las autoridades policiales.

Revoredo sostuvo: “Estamos en una guerra contra la criminalidad y si los delincuentes atentan contra las empresas de transporte y no los capturan, es nuestra responsabilidad”. El jefe policial enfatizó que la ciudadanía evalúa constantemente el desempeño de los operadores de justicia y que la presión social es legítima ante la inseguridad.

Responsabilidad institucional y respuesta policial

El director de la Dirección de Investigación Criminal, Víctor Revoredo, defendió el esfuerzo de los detectives y aseguró que los operativos para desarticular bandas delictivas continúan en desarrollo. “La responsabilidad es absoluta responsabilidad de quien habla. Créame que sus detectives están haciendo todos los esfuerzos y así lo vienen demostrando objetivamente por sacarlos de circulación”, afirmó ante la prensa. Insistió en que el reclamo de los transportistas es legítimo y que la Policía responde ante la sociedad con objetividad y transparencia.

Revoredo reiteró que, pese a la labor policial, existen factores externos que complican la actuación policial. Destacó que, aunque se han registrado diecinueve días sin atentados, la ausencia de detenciones preliminares solicitadas a otras entidades dificulta la lucha contra la criminalidad. “¿Dónde están las detenciones preliminares que le pedimos? ¿Dónde están las liberaciones?”, cuestionó, subrayando la necesidad de una mayor articulación entre los organismos encargados de la seguridad.

Mesa de trabajo interinstitucional y liderazgo presidencial

El funcionario detalló que la presidenta de la República convocó a una reunión con los principales actores del sistema de justicia y seguridad, incluyendo al Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, y el Ministerio Público. En ese encuentro, la mandataria dio disposiciones expresas para conformar mesas de trabajo orientadas a mejorar la coordinación entre la Policía Nacional y la Fiscalía.

Durante la conferencia, Revoredo explicó que la evaluación de la labor policial es constante y que todos los operadores de justicia, incluido él mismo como director, están sujetos al escrutinio público y gubernamental. “Acá nos evalúa la ciudadanía. Nos hemos reunido por la lideresa, la líder del Perú, nuestra presidenta de la República”, señaló el jefe policial.

Desafíos y compromisos de la Policía Nacional

La Policía Nacional del Perú ratificó su compromiso frente al desafío que representa la criminalidad organizada. “El compromiso lo tenemos, la firmeza la tenemos y vamos a asumir la responsabilidad. Si es que no estamos a la altura de las circunstancias… acá no estamos justificando nuestra actividad, estamos diciendo lo que estamos haciendo”, indicó Revoredo. Aclaró que la institución policial no busca excusas, sino que expone con transparencia las acciones implementadas y los obstáculos afrontados en la lucha contra la delincuencia.

Finalmente, el director de investigación criminal aseguró que el liderazgo de la presidenta ha sido determinante para promover una articulación sólida entre las instituciones responsables de la seguridad ciudadana, con el objetivo de responder a las demandas sociales y restablecer la confianza pública.