El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) publicó este 16 de julio un comunicado oficial sobre la situación de Betssy Chávez Chino, ex presidenta del Consejo de Ministros e interna en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos. La comunicación responde a hechos ocurridos el 15 de julio, fecha en la que la interna debía ser trasladada al Establecimiento Penitenciario Barbadillo para cumplir una diligencia judicial programada.
Según el pronunciamiento, Betssy Chávez fue evaluada físicamente a las siete de la mañana en el tópico médico del penal, como parte del protocolo previo a su traslado. Sin embargo, en el momento de dirigirse a la puerta principal, Chávez se rehusó a salir, manifestando su negativa ante agentes del INPE y efectivos de la Policía Nacional del Perú. La interna declaró que su medida responde a que desea que las autoridades penitenciarias atiendan sus reclamos y anunció el inicio de una huelga de hambre.
El INPE precisó que la inasistencia injustificada a una diligencia judicial constituye una falta grave según el inciso 11 del artículo 28 del Decreto Supremo N.º 003-2021-JUS, que aprueba el Código de Ejecución Penal. Por este motivo, se dispuso el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario contra Betssy Chávez.
En el mismo comunicado, el INPE informó que, tras una denuncia presentada por la interna contra autoridades del penal, la Oficina de Asuntos Internos fue asignada para investigar los hechos. Las indagaciones preliminares continúan, con el objetivo de esclarecer la situación y, de ser el caso, determinar posibles responsabilidades conforme a la ley.
En cuanto a la atención médica, el organismo penitenciario indicó que el 11 de julio la Junta Médica Penitenciaria determinó la necesidad de que Chávez reciba atención especializada en gastroenterología. El proceso para programar dicha atención médica ya está en marcha.
Alarmante medida
Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros, inició una huelga de hambre en el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos al denunciar presuntas amenazas y malos tratos por parte de las autoridades penitenciarias y algunas internas. Chávez se negó a ser trasladada al Penal Barbadillo para asistir a su juicio oral por el caso del fallido golpe de Estado, decisión que comunicó mediante una carta dirigida a su trasladista y a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. En su mensaje, la exfuncionaria señaló directamente a la directora del penal, Nelly Aquino, y a su equipo técnico, a quienes acusa de permitir amenazas en su contra y de ejercer sanciones colectivas que afectan la convivencia en el establecimiento.
Según relató su abogado, Raúl Noblecilla, entre los reclamos de Chávez figura la prohibición de uso de servicios higiénicos los fines de semana, limitaciones al tránsito por pasadizos, y restricción de visitas tanto familiares como de defensa legal. Chávez denunció además la existencia de chantaje sexual, sobornos y pagos por privilegios dentro de la prisión, y calificó a la cúpula directiva como una posible organización criminal. Solicita que el Ministerio de Justicia y el INPE intervengan el penal y que el Ministerio Público inicie investigaciones por los presuntos ilícitos denunciados.
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