La población penitenciaria nacional alcanzó en marzo de 2025 un total de 199,886 personas, según los datos oficiales más recientes. De este universo, 101,302 cumplen un mandato de detención judicial, prisión preventiva o una sentencia con pena privativa de libertad efectiva, lo que representa 50.7% del total. El resto, 98,584 personas (49.3%), se encuentran bajo regímenes de medio libre, ya sea por haber recibido penas limitativas de derechos, medidas alternativas de internamiento o por haber accedido a beneficios penitenciarios como la semilibertad o la liberación condicional.
El sistema penitenciario nacional dispone de 69 establecimientos para albergar a la población privada de libertad. Sin embargo, la diferencia entre la capacidad de estos centros y la cantidad de internos revela una situación de hacinamiento. La capacidad de albergue resulta superada por 59,538 personas, lo que equivale a un 143% respecto al límite que pueden soportar las instalaciones. En términos prácticos, esta cifra indica que decenas de miles de internos no tendrían espacio adecuado dentro del sistema penitenciario.
La distribución de la población penitenciaria muestra que poco más de la mitad permanece en establecimientos cerrados, mientras que una proporción casi igual transita por regímenes de medio libre. Según las más recientes estadísticas 38,080 son procesados y 63,222 están sentenciados. En cuanto al régimen de medio libre, hay 98,584 personas, distribuidas en tres categorías: 28,261 liberados por semilibertad, liberación condicional o redención de pena; 65,845 sentenciados a penas limitativas de derechos; y 4,478 personas sentenciadas a medidas alternativas.
Mafias en las cárceles
Imágenes difundidas recientemente evidenciaron presuntos actos de corrupción dentro del penal de Lurigancho, uno de los centros penitenciarios más grandes del país. Según la denuncia, personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) estaría involucrado en el cobro de coimas de hasta S/ 200 para permitir el ingreso ilegal de teléfonos celulares a los internos. Las grabaciones muestran a trabajadores penitenciarios recibiendo dinero de familiares de reclusos y, posteriormente, facilitando el acceso de dispositivos prohibidos al establecimiento.
Esta situación ha generado preocupación sobre la seguridad y el control interno en el penal, donde la circulación de celulares facilita la comisión de delitos desde el interior, como extorsiones y fraudes. La existencia de una presunta red organizada de funcionarios penitenciarios, señalada como una “mafia” por los denunciantes, pone en entredicho los mecanismos de fiscalización y el rol del INPE en la supervisión de su propio personal.
En respuesta al escándalo, las autoridades del INPE han anunciado la apertura de investigaciones internas para identificar y sancionar a los responsables. Asimismo, la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos han exigido medidas inmediatas para frenar la corrupción y garantizar la transparencia en las cárceles. Diversos sectores políticos y sociales piden, además, fortalecer los controles en los ingresos y elevar la vigilancia sobre el personal penitenciario, buscando prevenir nuevos casos similares.
El Instituto Nacional Penitenciario gestiona actualmente más de 199,000 reclusos en todo el país y enfrenta desafíos permanentes en el control de objetos prohibidos dentro de los establecimientos, como teléfonos celulares, que agravan los problemas de criminalidad y corrupción en el sistema penitenciario peruano.
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