Martín Vizcarra asegura que sigue en campaña rumbo al 2026: “Difícil que la Corte IDH no corrija ese atropello”

El expresidente confirmó su intención de postular en las elecciones de 2026, a pesar de sus tres inhabilitaciones dictadas por el Congreso. Aseguró que mantiene la “esperanza” en la Corte IDH para revertirlas

Martín Vizcarra debe enfrentar otros procesos que podrían ponerlo tras las rejas.
Martín Vizcarra confirmó su intención de postular en las elecciones generales de 2026, pese a las inhabilitaciones dictadas por el Congreso, y mantiene la esperanza en que la Corte IDH las suspenda
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El expresidente Martín Vizcarra reafirmó este miércoles su intención de participar en las elecciones generales de 2026, a pesar de las inhabilitaciones impuestas por el Congreso. Desde Tacna, aseguró que no ha abandonado su carrera política y que mantiene la esperanza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Sigo en campaña, totalmente”, expresó a los periodistas que le consultaron al respecto. Al mismo tiempo, reiteró su confianza en el organismo internacional: “Veo bien difícil que la Corte IDH no corrija ese atropello, mantengo la esperanza”.

Vizcarra solicitó una medida cautelar ante la Corte IDH para suspender los efectos de las inhabilitaciones en su contra. La medida busca frenar temporalmente la imposibilidad de postular a cargos públicos mientras se resuelve el fondo del caso. La acción no elimina las medidas, pero las suspende mientras “se resuelve el fondo”.

El exmandatario también se pronunció sobre su actividad profesional actual. “Vengo (a Tacna), aunque el fiscal Juárez Atoche no cree, a trabajar. Estoy trabajando como ingeniero en un proyecto inmobiliario en Moquegua, lo que me obliga a venir una o dos veces al mes”, sostuvo.

Vizcarra solicitó una medida cautelar ante la Corte IDH para frenar temporalmente las restricciones que le impiden postular a cargos públicos mientras se resuelve el caso
Vizcarra solicitó una medida cautelar ante la Corte IDH para frenar temporalmente las restricciones que le impiden postular a cargos públicos mientras se resuelve el caso

Agregó que su hija también participa en la iniciativa empresarial: “(Ella) es responsable de ese trabajo y la que me ha contratado. Percibo doce mil soles en el periodo en que terminan, desde el mes de abril. Es un proyecto familiar. Toda mi vida he trabajado con proyectos familiares, desde el 90 (...) hasta el 2018, con mis hermanos”, dijo.

Vizcarra no ocultó su rechazo hacia el fujimorismo, al que responsabilizó de sus inhabilitaciones y de la designación del actual Tribunal Constitucional (TC). “No tenemos definido (con qué organizaciones políticas se aliaría su partido, Perú Primero), pero hay varios partidos que nos están siguiendo. Con el fujimorismo, obviamente no. Ni hablar, ni a la esquina”, enfatizó.

“¿Por qué creen que el Congreso, que es manejado por el fujimorismo, me ha vacado y me ha inhabilitado tres veces? El fujimorismo es el que ha nombrado este actual TC, y el TC ha rechazado mi demanda de amparo”, añadió.

El exgobernante acumula tres inhabilitaciones dictadas por el Congreso. La primera, en 2021, fue de diez años debido a su vacunación anticipada contra la COVID-19, en el caso conocido como ‘Vacunagate’.

Vizcarra enfrenta un juicio oral por presunta corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua
Vizcarra enfrenta un juicio oral por presunta corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua

En 2022, recibió otra sanción por cinco años, a raíz de supuestos vínculos con empresas contratistas cuando fue ministro de Transportes. Finalmente, en junio de 2025, el Parlamento aprobó una nueva inhabilitación de diez años por considerar inconstitucional la disolución del Congreso en 2019.

Panorama

La semana pasada, el juez Víctor Alcocer decidió no imponer seis meses de prisión preventiva a Vizcarra en el juicio por presunta corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

Sin embargo, estableció reglas de conducta para asegurar la presencia del expresidente, entre ellas la prohibición de acudir a sedes de embajadas, la restricción de comunicación con personas vinculadas a representaciones diplomáticas, el control biométrico mensual y la obligación de justificar sus actividades cada 30 días.

Actualmente, el expresidente enfrenta un juicio oral por presunta comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio, como autor, durante su periodo como gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014. La Fiscalía solicita una condena de 15 años de prisión.

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