Incautan más de 7 toneladas de explosivos y casi 200 armas durante operativos en Pataz

Entre abril y junio de 2025, un total de 190 armas de fuego, 6,757 municiones y 7,438 kilos de explosivos han sido incautados en el distrito de Pataz, en la región La Libertad, como parte de los operativos de fiscalización desplegados por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Las cifras corresponden a 76 operativos realizados desde que entró en vigencia el Decreto de Urgencia N.º 006-2025, que refuerza la presencia del Estado en zonas con alta conflictividad vinculada a la minería ilegal y otros delitos conexos.

Controles en puntos estratégicos

La intervención de Sucamec no se ha limitado a operativos puntuales. Según la información oficial, también se ha dispuesto la presencia constante de equipos técnicos en puntos clave como Calquiche, Shicun y Pamparacra, zonas de tránsito hacia las áreas de explotación minera informal.

Allí, se supervisa el transporte y comercialización de insumos químicos, armas, explosivos y materiales asociados, en un intento por frenar su desvío hacia operaciones ilegales. También se fiscaliza el movimiento de productos derivados de la minería informal, como parte de una estrategia de control más amplia.

De acuerdo con la Sucamec, los operativos buscan verificar el cumplimiento de la normativa vigente sobre tenencia, traslado, almacenamiento y uso de material controlado, así como prevenir su uso en actividades delictivas. En los casos en los que se detecta irregularidades, se procede con la inmovilización o incautación de los bienes.

Zona crítica bajo intervención

La provincia de Pataz se encuentra en estado de emergencia desde inicios de año, en respuesta al incremento de la violencia y la expansión de redes criminales vinculadas a la minería ilegal. La medida ha incluido el despliegue del Comando Unificado, compuesto por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con participación de diversas entidades del Ejecutivo, entre ellas la Sucamec.

Este distrito ha sido escenario de operativos de alto impacto en los últimos meses, incluyendo la incautación de armas de guerra, fusiles, dinamita y hasta vehículos con estructuras modificadas para actividades extractivas. Los informes del Ministerio del Interior y del Comando Conjunto han advertido que grupos armados vinculados a la minería ilegal operarían con logística militar y poder de fuego considerable.

En paralelo, diversas comunidades locales han expresado preocupación por la presencia de mafias armadas que controlan accesos, cobran cupos y amenazan a quienes se oponen a sus actividades.

La existencia de un mercado informal de explosivos y armamento en la zona representa una amenaza directa a la seguridad de la población, señalan fuentes vinculadas a la fiscalía ambiental. Varios de los insumos incautados, como dinamita, motovibradores, cables detonantes y combustible, son utilizados sin supervisión técnica en operaciones extractivas, con alto riesgo de accidentes y contaminación.

Además, según registros de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, se han producido al menos seis explosiones accidentales en los últimos ocho meses en socavones informales, varias de ellas con víctimas fatales.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) ha iniciado investigaciones por uso irregular de explosivos y afectación a zonas protegidas, mientras que la fiscalía penal sigue procesos por tenencia ilegal de armas y posibles vínculos con organizaciones criminales.

La Sucamec anunció que mantendrá su despliegue permanente en la zona durante los próximos meses, con el objetivo de garantizar la legalidad en el uso de armamento, insumos y municiones, así como fortalecer la presencia del Estado en zonas consideradas de alta complejidad.

Fuentes de la entidad aseguraron que se están desarrollando nuevos protocolos de control para el ingreso y salida de materiales, en coordinación con autoridades locales y otras instituciones del Estado.

Además, se evalúa la implementación de registros digitales obligatorios para transportistas, distribuidores y operadores de materiales controlados en la región La Libertad.