La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) ha incorporado al proceso de promoción de la inversión privada el célebre Proyecto Sechura, que podría movilizar más de US$2.000 millones en inversiones en la región Piura, al norte del Perú.
Esta iniciativa, anunciada el 27 de junio de 2025 en Lima, representa un paso decisivo hacia la industrialización de la roca fosfórica, un recurso estratégico para la producción de fertilizantes fosfatados, y se perfila como uno de los megaproyectos mineros más relevantes del país en los últimos años.
Proyecto Sechura movilizará más de US$2.000 millones en Piura
El Proyecto Sechura, considerado de minería no métalica, abarca cinco concesiones mineras denominadas “Bayóvar Nº 5”, “Bayóvar Nº 6”, “Bayóvar Nº 7”, “Bayóvar Nº 8” y “Bayóvar N° 12”. Todas ellas se encuentran en el desierto de Sechura, dentro del distrito y provincia homónimos, en la región Piura.
Estas concesiones, que suman más de 94.000 hectáreas, revirtieron al Estado peruano en 2021 tras la resolución del contrato con las empresas Américas Potash SAA (APPSA) y JPQ. La magnitud territorial de estas áreas, que equivalen a 940 kilómetros cuadrados, subraya el potencial de desarrollo y transformación que el proyecto puede aportar a la zona.
La iniciativa fue incorporada en noviembre de 2024 al Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público-Privadas (IMIAPP), lo que marcó el inicio de su proceso formal de estructuración. Posteriormente, en marzo de 2025, el Ministerio de Energía y Minas remitió a ProInversión el Informe de Evaluación correspondiente, el cual recibió aprobación el 17 de junio.
Este hito permitió dar inicio a la fase de estructuración, en la que se definirán aspectos técnicos, legales, económicos y contractuales fundamentales para la viabilidad del proyecto.
ProInversión incorpora megaproyecto minero en Sechura
Durante la fase de estructuración, los equipos técnicos y legales trabajarán en la valorización de los activos, el diseño del modelo de negocio, el análisis de riesgos y la elaboración de la estructura contractual.
Además, se establecerán los mecanismos de retribución al Estado y se evaluará la sostenibilidad financiera, social y ambiental del proyecto. La versión final del contrato de transferencia también se elaborará en esta etapa, asegurando que todas las partes involucradas cuenten con un marco claro y transparente para la ejecución del proyecto.
El objetivo central del Proyecto Sechura es impulsar la industrialización de la roca fosfórica, materia prima esencial para la producción de fertilizantes como el Fosfato Diamónico (DAP) y el Fosfato Monoamónico (MAP). Actualmente, el Perú exporta roca fosfórica en bruto e importa estos fertilizantes terminados, lo que genera una brecha en la cadena de valor nacional.
Con la puesta en marcha de este megaproyecto, se busca revertir esta situación mediante la instalación de plantas industriales que permitan agregar valor a la producción local y reducir la dependencia de importaciones.
Perú apuesta por la producción local de fertilizantes con nuevo proyecto
Los estudios realizados en las concesiones de Sechura han identificado la presencia de depósitos de roca fosfórica, yeso y salmueras. La explotación de estos recursos permitirá atender la creciente demanda internacional de fertilizantes para la agricultura, al tiempo que fomentará el desarrollo de una cadena productiva integrada en la región.
Este nuevo enfoque por parte del Estado peruano, según ProInversión, no solo generará empleo directo e indirecto, sino que también facilitará la transferencia tecnológica y el desarrollo económico sostenible en Piura.
La modalidad contractual elegida para el Proyecto Sechura es el Contrato de Opción de Transferencia de Concesiones Mineras. Bajo este esquema, el adjudicatario tendrá la responsabilidad de realizar actividades de exploración y estudios técnicos que respalden su compromiso de inversión.
Solo después de cumplir con estos requisitos, se formalizará la transferencia definitiva de las concesiones para su explotación. Este modelo busca garantizar que las inversiones comprometidas se materialicen y que el Estado peruano reciba los beneficios esperados en términos de desarrollo y generación de valor.
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