Nueva ley prohibiría un peligroso colorante por riesgo de cáncer: ya ha sido vetado en EE. UU

El colorante rojo Nº 3, también conocido como eritrosina o E127, ha encendido las alarmas en el Perú. Este martes 17 de junio, la congresista María Agüero Gutiérrez, de la bancada de Perú Libre, presentó una iniciativa legislativa que propone prohibir su uso en alimentos, bebidas, cosméticos y medicamentos en el país. El proyecto de ley N.º 11673/2024-CR, respaldado por otros cinco parlamentarios, se sustenta en estudios internacionales que vinculan este aditivo con potenciales riesgos para la salud.

La propuesta llega en un contexto de creciente preocupación global sobre los efectos cancerígenos de algunos aditivos alimentarios. En enero de este año, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) revocó su autorización para el uso del rojo Nº 3 en productos orales tras detectar vínculos con tumores en animales de laboratorio.

A raíz de este pronunciamiento, el Ministerio de Salud del Perú (Minsa) recomendó a la industria alimentaria local sustituir progresivamente el uso de esta sustancia. Ahora, desde el Congreso, se busca que esta transición sea obligatoria.

Proyecto de María Agüero busca eliminar el colorante en todo el territorio nacional

La propuesta impulsada por María Agüero plantea una prohibición total del colorante rojo Nº 3 en productos de consumo humano que se vendan, importen o distribuyan en el Perú. Esta restricción abarcaría alimentos, bebidas industrializadas, medicamentos y artículos cosméticos, obligando a la industria a eliminar el uso de eritrosina y buscar alternativas seguras.

De acuerdo con el documento presentado al Congreso, la medida tiene como objetivo “fortalecer la lucha contra el cáncer y proteger la salud de todos los peruanos”. Además, exige que el Ejecutivo reglamente la ley en un plazo máximo de 90 días, y otorga un periodo de dos años para el retiro del aditivo del mercado nacional. Durante este tiempo, las empresas deberán reformular sus productos y adecuarse a la nueva normativa.

El texto también critica la falta de acción por parte del Ejecutivo, a pesar de que el Minsa exhortó públicamente a evitar el uso del rojo Nº 3 desde enero de este año. La congresista resalta que, en otros países, como Estados Unidos, el aditivo ha sido prohibido tras comprobarse sus posibles efectos negativos sobre la tiroides y su relación con el desarrollo de cáncer en roedores de laboratorio.

En el mercado local, algunos productos aún utilizan esta sustancia bajo la denominación de FD&C Red No. 3, E127 o simplemente eritrosina, por lo que el proyecto también promueve un etiquetado más claro para los consumidores.

Sigrid Bazán fue la primera en poner el tema sobre la mesa en el Congreso

Antes de la reciente propuesta de María Agüero, la congresista Sigrid Bazán ya había presentado en marzo de 2025 un primer proyecto de ley para prohibir el uso del colorante rojo Nº 3. Su iniciativa surgió tras conocerse los pronunciamientos de la FDA de Estados Unidos y otras agencias internacionales que advirtieron sobre los riesgos del consumo de eritrosina en humanos.

La propuesta de Bazán plantea un enfoque progresivo, otorgando plazos diferenciados para cada industria: hasta enero de 2027 para alimentos y cosméticos, y hasta junio de 2028 para productos farmacéuticos. Asimismo, exige que todos los productos importados también cumplan con esta normativa, impidiendo la entrada de mercancías que contengan esta sustancia.

El argumento central de su iniciativa se basa en el derecho constitucional a la salud y la vida, además de alinearse con principios del Codex Alimentarius y tratados internacionales que promueven el acceso a alimentos seguros y libres de compuestos peligrosos. La legisladora también resalta que su propuesta no representará un gasto adicional para el Estado, ya que la responsabilidad de implementar los cambios recaerá en las empresas privadas.

Ambas propuestas coinciden en la necesidad de proteger a los consumidores peruanos de aditivos con potenciales efectos carcinógenos, y forman parte de una creciente agenda parlamentaria centrada en la seguridad alimentaria y la salud pública.