Delia Espinoza pide S/1.371 millones al Congreso para garantizar el funcionamiento del Ministerio Público

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado al presidente del Congreso, Eduardo Arana, un presupuesto adicional de S/1.371 millones para cubrir las necesidades operativas básicas del Ministerio Público (MP) durante el resto del año fiscal 2025. Según explicó, la institución recibió solo una quinta parte del monto solicitado inicialmente, que ascendía a S/15 mil millones, lo que ha generado una disminución del 4% en su presupuesto respecto a 2024.

Durante su presentación ante la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria del Congreso de la República, encargada de la reforma del sistema judicial, Espinoza detalló que los recortes afectan rubros esenciales como bienes y servicios, donde se redujeron S/28 millones, lo que limita la cobertura de servicios básicos, la vigilancia, el alquiler de sedes y la contratación de personal.

Delia Espinoza insiste en financiamiento adicional para funcionamiento del Ministerio Público

La fiscal recordó que el ex primer ministro Gustavo Adrianzén se comprometió el 15 de abril a gestionar el financiamiento adicional, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aún no ha respondido formalmente a las solicitudes técnicas que el MP ha presentado en varias ocasiones. “El monto adicional solicitado, de acuerdo con la sustentación técnica ya presentada, asciende a S/1.371 millones. Esto permitirá asegurar el funcionamiento mínimo del Ministerio Público hasta diciembre y continuar con las reformas necesarias”, afirmó Espinoza.

Además, la jefa del MP destacó que la falta de recursos afecta directamente la capacidad institucional para enfrentar la criminalidad organizada, recordando el atentado ocurrido en enero contra la sede principal del MP en Trujillo como un ejemplo claro de la urgencia de reforzar los recursos.

Espinoza también señaló que, a pesar de varias reuniones con el MEF y el anterior titular del sector, José Arista, no se ha obtenido una respuesta concreta. Por ello, espera que el actual premier, Eduardo Arana, tome una decisión favorable. “El esfuerzo técnico ya está hecho. Lo que se requiere ahora es decisión política”, puntualizó. Por el momento, la Comisión Especial del Congreso aún no ha emitido pronunciamiento sobre esta solicitud.

Delia Espinoza fue denunciada ante la Junta Nacional de Justicia por presuntas faltas graves

Mientras la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitaba un aumento de presupuesto, también enfrenta una denuncia formal ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presuntas faltas disciplinarias graves en su gestión como titular del Ministerio Público.

El abogado Luis Miguel Caya presentó el documento que acusa a Espinoza de infringir varios artículos de la Ley de la Carrera Fiscal, así como deberes establecidos en el Código de Ética de la Función Pública. De comprobarse estas faltas, la denuncia solicita su destitución, basándose en hechos que incluyen desde la presentación de denuncias hasta supuestos actos de desobediencia y favoritismos.

Entre las imputaciones se detallan seis acusaciones: la presentación de una denuncia prevaricadora contra 11 congresistas que habría limitado la función legislativa, la instrumentalización del Ministerio Público para favorecer intereses políticos personales, y la desobediencia a la Ley N° 32130, al retirarse de una mesa de trabajo conjunta con el Ministerio de Justicia.

También se cuestiona la protección otorgada al fiscal José Domingo Pérez, la irregular designación del despacho de la Fiscalía de la Nación sin respetar la antigüedad jerárquica y el incremento patrimonial injustificado, que pasó de S/232 mil a casi S/594 mil en solo un año, sin una explicación convincente.

Además, se señala que, pese a la situación crítica que vive el Ministerio Público, Espinoza hizo uso de sus derechos laborales y vacacionales en un momento considerado delicado para la institución, y que su Gerencia de Tesorería autorizó pagos dobles a funcionarios pensionistas. La JNJ ahora deberá evaluar si abre una investigación formal que podría terminar con sanciones administrativas, incluida la posible destitución de la fiscal de la Nación.