La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, viajará a España desde este lunes 26 al 31 de mayo para participar en un evento que reúne a representantes de los Ministerios Públicos de diferentes países. Así lo dispone la resolución 1526-2025-MP-FN publicada hoy domingo en El Peruano que autoriza la salida de la fiscal suprema a Madrid.
Según la resolución, los días 27 y 28 de mayo, Espinoza participará en los conversatorios previos a la XXXII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).
“En los conversatorios de los días 27 y 28 de mayo de 2025, se abordarán las líneas de trabajo del Programa EL PACCTO 2.0 con las Fiscalías de América Latina y las agencias europeas como Eurojust, incluyéndose actividades relacionadas con el mecanismo de cooperación reforzada que se constituyó en Santiago de Chile el 17 de octubre de 2024, sobre el fortalecimiento de la coordinación institucional y operativa WB-LATAM con las Fiscalías de los Balcanes Occidentales, entre otros temas”, se lee en el documento.
Para los días 29 y 30 de mayo, se tiene previsto la participación de la fiscal de la Nación en la Asamblea General Ordinaria de la AIAMP. Ahí, se llevará a cabo una “rendición de cuentas” y se llevarán a cabo sesiones con los fiscales y procuradores generales de Iberoamérica.
“Las Asambleas Generales Ordinarias tienen como finalidad examinar el desarrollo y la consecución de los objetivos previstos (...), entre ellos, afianzar los lazos internacionales de cooperación entre sus miembros y procurar la colaboración entre los Ministerios Públicos en las investigaciones en los casos que vinculan a dos o más países a través del desarrollo de estrategias comunes para enfrentar los principales delitos que afectan a la sociedad”, consignan en la resolución.
En el documento también se deja constancia que los pasajes, alojamientos, alimentación y seguro médico de la fiscal de la Nación serán cubiertos por el Programa EL PACCTO 2.0, por lo que el viaje de Delia Espinoza no implicará un gasto para el Ministerio Público.
Más disposiciones
La resolución 1526-2025-MP-FN dispone que el fiscal supremo decano Pablo Sánchez se encargará del despacho de la Fiscalía de la Nación mientras dure la ausencia de la fiscal suprema Delia Espinoza.
El documento también ordena que Espinoza tendrá que presentar un informe detallado sobre las acciones realizadas y resultados obtenidos de su viaje a España dentro de los 10 días siguientes a su regreso al país.
Demandas
El viaje de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a España tiene lugar luego de que presentara una demanda de inconstitucionalidad y anunciara otra contra nuevas leyes del Congreso: la que modifica la ley de extinción de dominio y la que permite juzgar a menores de 16 y 17 años de edad como adultos.
La norma que modifica la extinción de dominio, promulgada el 9 de mayo, ha sido criticada por dejar fuera delitos cruciales como el lavado de activos y la criminalidad organizada, lo que, según Espinoza, podría aumentar la impunidad sobre las ganancias ilícitas. Espinoza expresó su preocupación por la exigencia de una sentencia penal firme para iniciar la extinción de dominio, lo que podría permitir que los investigados continúen beneficiándose de bienes obtenidos de manera ilícita.
Durante el aniversario institucional del Ministerio Público, Espinoza ya había manifestado su rechazo a esta norma, señalando que el Congreso y el Poder Ejecutivo no atendieron las advertencias sobre sus implicaciones.La fiscal también destacó que la criminalidad organizada, responsable de delitos como sicariatos y extorsiones, ha sido excluida de la nueva versión de la ley, lo que afecta gravemente a los barrios más pobres del país.
La fiscal de la Nación recordó que esta no es la primera vez que su institución recurre al TC ante normas que considera inconstitucionales, citando demandas anteriores relacionadas con la conducción de investigaciones preliminares y delitos de lesa humanidad.
Además de la demanda ya presentada, Espinoza anunció que se está preparando un recurso similar contra la Ley 32330, que permite procesar penalmente a adolescentes de 16 y 17 años como adultos. La fiscal criticó esta medida como una “salida fácil” a una problemática social compleja y advirtió sobre los peligros de seguir reduciendo la edad penal. En su lugar, propuso un enfoque integral basado en la justicia juvenil restaurativa, alineado con los compromisos internacionales del país.
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