Denuncian a Delia Espinoza ante la JNJ por su actuación como fiscal de la Nación y piden su destitución: estos son los argumentos

El accionar de Delia Espinoza no solo está en tela de juicio por parte de la presidenta Dina Boluarte. Luis Miguel Caya, abogado y exconsejero regional de Moquegua, presentó una denuncia contra la titular del Ministerio Público ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Ello, por presuntas faltas disciplinarias muy graves en su accionar como fiscal suprema y fiscal de la Nación en Perú.

En el documento al que accedió Infobae Perú se acusa a la funcionaria de infringir los incisos 6), 11) y 13) del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal, así como por la infracción de los deberes de neutralidad y ejercicio adecuado de cargo, previsto en los incisos 1) y 4), respectivamente de la Ley de Código de Ética de la Función Pública; solicitando la imposición de la sanción de destitución, en atención a los principios de proporcionalidad y razonabilidad; con base a los fundamentos de hecho y derecho que se detallan a continuación.

Las acusaciones se centran en seis hechos: presentación de una denuncia prevaricadora contra 11 congresistas, instrumentalización del Ministerio Público para fines políticos, desobediencia al sistema democrático al desacatar la Ley N°32130, sobreprotección al fiscal José Domingo Pérez, quebrantamiento del orden reglamentario al encargar el despacho de la fiscalía de la Nación antojadizamente y desbalance patrimonial bajo la supuesta optimización de egresos ordinarios.

¿Cuáles son los argumentos?

Sobre el primer punto, el denunciante menciona que en el recurso interpuesto por la fiscal se verifica un “uso excesivo, direccionado y arbitrario, que de por sí configura un actuar ilegal e inconstitucional”, al presuntamente limitar la función legisladora asignada constitucionalmente a los congresistas de la República, así como quebrantar los deberes de neutralidad y ejercicio adecuado del cargo.

“La denunciada tenía pleno conocimiento que no está proscrita ni prohibida la doble percepción cuando se trate de pensionista; tal es así que, ella misma, a través de su Gerencia de Tesorería, ha otorgado el pago de haberes y descuentos al pensionista Víctor Manuel Cubas Villanueva, en el cargo de Fiscal Supremo por el monto de S/ 7,165.00 soles; y luego bajo el régimen del Decreto Legislativo N.° 1057, Contrato Administrativo de Servicios, por el monto de S/ 14,855.08 soles; tal como se puede apreciar de la Constancia de pago de haberes y descuentos de fecha 12 de febrero de 2025; expedido por la Gerencia de Tesorería del Ministerio Público”, expuso.

Sobre el segundo hecho, relacionado con una presunta instrumentalización, refiere que la fiscal habría tomado decisiones a fin de generar lazos de convergencia para ser favorecida, puntualmente por la congresista María Acuña Peralta, presidenta de la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, dada la gran cantidad de denuncias constitucionales formuladas en su contra. Ello, a través del fiscal adjunto Marcial Páucar, quien, por encargo de la denunciada, habría visitado hasta cuatro veces a la legisladora mencionada.

“Además de enviar constantemente a su brazo derecho, la fiscal ha emitido, a través del Área de la Oficina de Imagen Institucional, el oficio múltiple signado con el N.° 000033-2025-MPFN-OFIN, titulado “Acciones de sensibilización”; y dirigido a los presidentes de todas las Juntas de Fiscales Superiores de todos los distritos fiscales; mediante el cual les comunicó que se llevará a cabo acciones de sensibilización dirigidas a algunos congresistas. [...] Dicha comunicación no es más que una simulación para llevar adelante pactos de votos y favorecimientos", mencionó.

Por su parte, la presunta desobediencia gira alrededor de retirarse temporalmente de la mesa de trabajo conjunta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para el desarrollo del Protocolo de Actuación Interinstitucional de Investigación del Delito. “Una Ley, desde su debida dación, promulgación y publicación, cobra efectos ipso facto para todos los ciudadanos, sin distinción alguna”, sostuvo. En relación a la sobreprotección de José Domingo Pérez, esta se basa en la denuncia contra el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí.

El quinto hecho se centra en haber hecho “goce de sus derechos laborales y vacacionales, desde el 30 de marzo hasta el 6 de abril, pese a la grave situación que atraviesa la institución de la cual ella es la titular”, y por no haber encargado el Despacho al Fiscal Supremo más antiguo. “Al encontrarse Pablo Sánchez Velarde ausente, se debió encargar a la Fiscal Suprema Titular, Zoraida Ávalos Rivera”, consignó.

El último hecho gira alrededor de los cuestionamientos sobre su presunto incremento patrimonial, el cual habría pasado de S/ 232 mil a S/ 594,399 mil en un año. “Sin perjuicio de este notorio incremento injustificado, lo grave constituye la sarcástica explicación brindada por Espinoza Valenzuela, quien señaló que obedeció a la optimización de gastos en comida y movilidad por la virtualidad en el trabajo en el año 2020-2021”, concluyó. Ahora, queda en manos de la JNJ evaluar la pertinencia de la apertura de una investigación que, de probarse lo expuesto, podría derivar en sanciones que incluyen la destitución.