
Miguel Antonio Rodríguez Díaz, conocido en el mundo criminal como “Cuchillo”, ha captado la atención nacional e internacional tras ser señalado como el presunto autor de la masacre en Pataz, región La Libertad, donde 13 trabajadores de seguridad fueron asesinados en un socavón. Su nombre no solo es sinónimo de violencia en el ámbito de la minería ilegal, sino también de autoridad social en su lugar de origen, Buenavista Alta, en la provincia de Casma, Áncash, donde tejió una red de complicidad al estilo de uno de los narcotraficantes colombianos más violentos.
De acuerdo a testimonios de habitantes de la zona, a su historial criminal se le suma un lado de benefactor. Tan es así que, de acuerdo a fuentes recogidas por La República, era llamado ‘el Pablo Escobar de Buena Vista Alta’, un distrito cercano a Casma, Áncash. Ganó la simpatía de sus vecinos gracias a sus donaciones y ayudas económicas, así como la construcción de la losa deportiva de la comuna. “Si alguien se enferma, él paga las medicinas, habilita las postas, colabora con la parroquia y con la propia policía del sector”, dijeron los testigos según el medio.
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Esta cercanía habría sido clave para sentirse protegido por sus vecinos al punto de que pase desapercibido y no se difundieran imágenes de su paradero, pese a que ya era sindicado por algunos de los familiares de las víctimas. Incluso, después de que los cuerpos de los mineros secuestrados en Pataz fueran encontrados, Rodríguez regresó a Buenavista Alta para organizar una gran fiesta que incluyó dos orquestas y abundante cerveza para todos los habitantes.
Al mismo estilo del peligroso ‘El Patrón del Mal’ no solo habría enfocado esfuerzos en el disfrute de sus vecinos y su familia, sino en su seguridad, al punto de ser resguardado por 10 sicarios armados con fusiles de asalto. Aunque se encontraba con aparente tranquilidad, la magnitud de la noticia sobre los cadáveres lo habría hecho sentir inseguro y tomar la decisión de viajar a Lima. Otra vez, sin fotografías ni personas que lo reconocieran.
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Ya en la capital metropolitana, y con las mismas declaraciones de la mandataria, quien lo señaló como el presunto culpable a nivel nacional, optó por trasladarse al aeropuerto internacional Jorge Chávez, donde abordó un avión con destino al país natal de Pablo Escobar: Colombia.
Debido a que no tenía ninguna orden de captura ni detención en su contra, su salida se dio con normalidad. Incluso, las autoridades colombianas confirmaron que el principal sospechoso de la masacre en Pataz ingresó sin tener requerimientos judiciales vigentes. A través de un comunicado, la oficina de Migración de ese país refirió que alias ‘Cuchillo’ llegó el 5 de mayo a las 9:30 a.m. en un vuelo procedente de Lima, “tras cumplir con los requisitos establecidos”.
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“Al no presentarse ninguna alerta migratoria en los sistemas de control, se procedió a su admisión conforme a los protocolos establecidos. Los controles migratorios se rigen por la información disponible en tiempo real y que, en caso de surgir nuevas solicitudes de autoridades judiciales, se actuará conforme a la ley y a los requerimientos de las autoridades peruanas e internacionales”, consignaron.
Pese a que, de acuerdo a las fuentes policiales, ‘Cuchillo’ es conocido por moverse con rapidez y operar con una red estructurada. Incluso, sería una figura clave para desmantelar el tráfico ilegal de oro en el norte del país, fue capturado por las autoridades el pasado 15 de mayo.
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De confirmarse su vínculo con la masacre en Pataz, este no sería su primer acto violento. Según informes de inteligencia policial, “Cuchillo” estaba vinculado a al menos diez muertes previas, todas relacionadas con el control y robo de oro en minas ilegales, actividades que hacen parte de un entramado criminal que sigue cobrando vidas en las zonas mineras del país.
Cabe mencionar que, en una reciente entrevista, Miguel Antonio Rodríguez Díaz descartó su implicancia con el siniestro. Incluso, remitió una carta notarial a la jefa de Estado a fin de que se rectifique.
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¿Qué pasó en Pataz?
El 26 de abril, un contingente de 20 guardias de seguridad, contratados por la empresa minera de Segundo Cueva Rojas, acudió a los socavones 2410 y 2520 en una misión destinada a desalojar a mineros informales y confiscar el oro extraído ilegalmente. En su trayecto, fueron emboscados presuntamente por los hombres de “Cuchillo”.
Según investigaciones policiales, tras una ráfaga inicial de disparos, parte del grupo logró escapar, mientras que 13 trabajadores se refugiaron en un socavón. Sin embargo, fueron capturados, torturados y ejecutados con disparos en la nuca. Sus cuerpos fueron abandonados en el interior de la bocamina, donde días después serían encontrados, en un episodio que horrorizó al país.
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