El 8 de mayo de 2025, efectivos de la Capitanía de Puerto Maldonado, dependientes de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) de la Marina de Guerra del Perú, ejecutaron un operativo en la región de Madre de Dios, como parte de la lucha contra la minería ilegal. En el marco de esta intervención, se incautaron y destruyeron bienes y equipos relacionados con esta actividad ilícita, los cuales fueron valorados en un total de 1.436.000 soles.
Durante las acciones de control fluvial en el río Madre de Dios, las autoridades destruyeron 32 balsas carrancheras, una motobomba, cinco motores, diez bombas de succión y 150 galones de combustible. Estos materiales estaban siendo utilizados para la extracción ilegal de oro, una actividad que ha causado graves daños ambientales en la zona. La operación también permitió desarticular parte de la infraestructura empleada por los mineros ilegales para operar en el área.
La intervención se desarrolló en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1100, que regula la interdicción de la minería ilegal en todo el país. Este operativo, coordinado con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), forma parte de un esfuerzo más amplio por parte del Estado para erradicar la minería ilegal, proteger los recursos naturales de la región y restaurar las áreas afectadas por esta actividad.
La minería ilegal en Perú cobra cada vez más víctimas
La minería ilegal en Perú ha experimentado una expansión significativa en los últimos años, en gran parte impulsada por el aumento de los precios del oro. El país, el mayor productor de oro de América Latina, ha visto cómo su producción de oro ilegal alcanzó las 77 toneladas en 2023, lo que representa el 44% del oro ilegal exportado en Sudamérica, según el Instituto Peruano de Economía (IPE).
Esta actividad, que involucra a unos 250.000 mineros artesanales, se ha trasladado desde zonas tradicionales como Madre de Dios hacia nuevas regiones, como Pataz, en La Libertad, donde la violencia asociada ha escalado dramáticamente. La reciente matanza de 13 personas en una mina de esta provincia subraya la creciente influencia de las bandas criminales, que controlan tanto la extracción como la comercialización del oro ilegal.
La masacre en Pataz es la punta del iceberg
El gobierno peruano ha intentado frenar la minería ilegal mediante la creación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en 2017, un mecanismo diseñado para registrar a los mineros informales. Sin embargo, solo una pequeña fracción de los mineros ha completado el proceso de formalización debido a la falta de requisitos, como estudios de impacto ambiental.
Los expertos aseguran que el Reinfo ha terminado funcionando como una vía para actividades ilícitas, dando a los mineros informales una “patente de corso”, lo que permite que operen con impunidad. A pesar de los esfuerzos del gobierno, que incluyen el estado de emergencia y el despliegue militar en zonas afectadas, la falta de continuidad en las políticas y recursos suficientes ha permitido que el problema persista, incluso en áreas previamente intervenidas como la Reserva Nacional de Tambopata.
Las consecuencias medioambientales de la minería ilegal son igualmente devastadoras. El uso de mercurio y otros productos químicos en las explotaciones clandestinas ha contaminado los ríos y afectado la salud de las comunidades locales. En regiones como la Amazonía, donde las comunidades indígenas dependen del pescado como fuente primaria de alimento, la contaminación ha tenido un impacto directo en su bienestar.
Además, las minas ilegales han dado lugar a la creación de burdeles y redes de explotación sexual, exponiendo a mujeres y niñas a graves riesgos. Según César Ipenza, especialista en delitos medioambientales, la minería ilegal se ha convertido en un negocio más rentable que el narcotráfico, lo que ha facilitado la penetración de grupos criminales violentos que operan con total impunidad en zonas alejadas y de difícil acceso.
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