El funeral del papa Francisco, con el féretro expuesto en la basílica de San Pedro, ha puesto de manifiesto la aparente división dentro de la Iglesia peruana. Los cardenales Carlos Castillo y Pedro Barreto acudieron al evento este jueves por separado, un día después de la llegada de su homólogo Juan Luis Cipriani, arzobispo emérito de Lima y miembro del Opus Dei, quien enfrenta una denuncia por abuso sexual.
El Arzobispado de Lima difundió imágenes de Castillo y Barreto juntos, unidos “en plegaria”, pero no hizo mención alguna de Cipriani, a quien Francisco le impuso en vida una sanción canónica que restringió su actividad pública, lugar de residencia y uso de insignias religiosas.

“Ambos se unieron a la plegaria de la Iglesia Universal y de todo el Perú para agradecer a Dios por el testimonio de vida del Papa Francisco y su entrega al Evangelio y a los más pobres”, se lee en una publicación de X (anteriormente Twitter). La falta de interacción entre los tres cardenales, quienes viajaron para participar de las reuniones previas al cónclave, no pasó desapercibida por los usuarios.
Cipriani, por su parte, acudió a la Basílica de San Pedro el primer día de exposición del cuerpo del papa Francisco. Según las imágenes de la transmisión en directo de Vatican News, llegó con uno de sus asistentes poco después del mediodía (hora peruana) y fue captado rezando en silencio frente al féretro del papa.

Con los brazos cruzados, el purpurado permaneció casi 15 minutos en una de las bancas antes de retirarse. Solo hace tres meses, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, había confirmado la sanción impuesta en su contra por Francisco.
Otra aparición inesperada ha sido la del cardenal italiano Angelo Becciu, a quien Francisco destituyó en 2020 y, en 2023, recibió una condena por fraude. Aunque perdió sus derechos cardenalicios y no aparece en la lista oficial de electores, Becciu asistió a la primera asamblea del cónclave y afirmó que nunca fue excluido de manera formal.
Perú tiene seis purpurados, tres de los cuales (Juan Gualberto Guevara, Juan Landázuri y Augusto Vargas) ya están fallecidos. Cipriani y Barreto no pueden participar del voto para el sucesor de Francisco porque ya superaron los 80 años. Solo Castillo, de 75 años, podrá hacerlo.
Todos participan, de momento, en una serie de reuniones previas a la elección del nuevo papa, en las que se abordan asuntos sobre el estado de la Iglesia, los desafíos que enfrenta y las cualidades necesarias en el próximo pontífice.
El padre Guillermo Inca, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana, detalló que estas congregaciones iniciales son espacios de diálogo y reflexión, donde los cardenales tienen la oportunidad de expresar sus opiniones y contribuir a definir el perfil que debería tener el próximo pontífice.
En diálogo con RPP, mencionó que se trata de “reuniones fundamentales para establecer las bases del proceso de elección”, ya que permiten identificar las características y habilidades consideradas esenciales para el liderazgo de la Iglesia en el contexto actual.
“Como todos los cardenales, tiene la posibilidad de llegar a las primeras congregaciones. Puede aportar, buscar diálogos, opinar… lo que se busca en estas congregaciones es un perfil de qué cualidades debe tener el próximo Papa, y ya después los que eligen tomarán una conversación más profunda, con mucha oración, para elegir al próximo pontífice”, mencionó en la emisora.
La denuncia
A fines de enero, El País reveló que en 2018, la víctima de Cipriani escribió una carta al papa en la que denunció los abusos que sufrió en 1983, cuando tenía entre 16 y 17 años. El diario español, que citó fuentes eclesiásticas en Lima y al propio denunciante –quien pidió permanecer en el anonimato y cuya edad es 58 años–, señaló que no era la primera vez que se presentaban acusaciones de este tipo contra el purpurado, exarzobispo de Lima y miembro del Opus Dei.

Las fuentes consultadas por El País confirmaron que ya existía una denuncia previa en 2002. Cipriani, en una carta, relató los hechos relacionados con su expulsión, cuando se le impusieron “una serie de penas” que limitaron su ministerio sacerdotal, se le asignó una “residencia estable fuera del Perú” y se le pidió que “guardara silencio”.
No obstante, denunció que estas medidas dispuestas por Francisco se tomaron “sin haber sido escuchado, sin saber más y sin que se abriera un proceso”. De igual modo, negó tajantemente las acusaciones de pederastia. “No he cometido ningún delito, ni he abusado sexualmente de nadie, ni en 1983 ni después”, afirmó, antes de narrar que, en febrero de 2020, tras una audiencia con el pontífice, este le permitió “reanudar” sus tareas pastorales.
Desde entonces, sus únicos pronunciamientos han sido a través de cartas, una de las cuales envió a la Conferencia Episcopal local para cuestionar el apoyo que le brindaron a la decisión del pontífice y al denunciante.
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