Desde que la Comisión de Educación del Congreso de la República aprobó el dictamen que aprueba la implementación del llamado ‘Ciclo cero’ para estudiar en las universidades, especialistas y casas de estudio de todo el país han mostrado su rechazo hacia la iniciativa.
De acuerdo con el documento, se busca que los alumnos que culminen el grado secundario puedan ingresar a estas instituciones, tanto públicas como privadas, a través del ‘Ciclo cero’, el cual tendrá las siguientes características:
- Se repetirá esta modalidad dos veces año y durará un semestre académico.
- Las asignaturas están relacionadas con habilidades y pensamiento científico, razonamiento verbal y matemático, historia, filosofía, geopolítica, realidad nacional, además de tres cursos de especialidad.
- Rendirán tres exámenes de forma presencial de cada curso, y deberán obtener 13 como punto mínimo para aprobar.
- Se tiene que presentar el certificado de estudios que acredite haber culminado el nivel secundario y el pago del 5 % de una unidad impositiva tributaria (UIT), es decir, 267,5 soles.
- Se alcanzará una vacante en estricto orden de mérito.
¿Cómo y desde cuándo se implementaría?
El dictamen señala que las universidades deberán implementar el ‘ciclo cero’ en sus centros preparatorios. Además, podrán establecer convenios interinstitucionales con colegios públicos para desarrollar este curso de forma virtual o presencial en sus instalaciones.
Las sesiones se deberán implementar de manera libre y tendrán un acceso fácil al público por medio de las redes sociales de los centros de estudio.
Por otra parte, el dinero que ingrese por concepto de las inscripciones tendrán condición de intangible, por ello, solo podrá ser destinada para la infraestructura, el pago de docentes y dotación de medios y materiales de enseñanza. No obstante, las universidades están facultadas de asignar mayores recursos para mejorar la atención de los estudiantes inscritos.
En cuanto a la fecha de inicio, el proyecto de ley original del congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, indicaba que el ‘ciclo cero’ iniciaba la primera semana de enero y terminaba a fines de marzo. Luego, el segundo curso comenzaba en mayo y culminaba en julio. Sin embargo, esta disposición no fue incluida en el dictamen final. Además, esto también dependerá de cuándo se apruebe finalmente el dictamen en el Pleno del Congreso. Si esto llega a suceder en julio de este año, se podría comenzar a implementar en enero del 2026.
Finalmente, la normativa menciona que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) tendrá que construir un plan de monitoreo, seguimiento y evaluación al proceso y funcionamiento.
“Para ello, las universidades públicas y privadas envían a la Sunedu, bajo responsabilidad funcional, la información del desarrollo del sistema educativo del ciclo cero debidamente documentado, así como los resultados de las evaluaciones, lista de ingresantes e informes de la gestión administrativa, financiera y presupuestal”, se establece.
Es una medida “absurda”
En diálogo con Infobae Perú, el exviceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación (Minedu), José Luis Gargurevich, calificó a esta medida de “absurda” y “transgresora de las condiciones de acceso a la universidad”.
“Se amplía el tramo del ingreso con seis meses adicionales, con lo cual alarga el tiempo del periodo educativo y hace más distante la inserción laboral. Ahora, mi alerta central va por lo siguiente: la intencionalidad de la propuesta es depredadora de los recursos públicos”, dijo.
En ese sentido, explicó que el interés de los partidos podemos Perú y Perú Libre sería el de “apropiarse de recursos públicos” ahora que el sistema de supervisión de la calidad está golpeada y precarizada.
“Ahora que no hay una Sunedu real, quieren crear un ciclo más de estudios, ¿como asegurar calidad de ese ciclo? Analicemos: si convierten el ‘ciclo cero’ en la única vía de ingreso, ¿qué creen que pasará con Beca18? La intención, que ya la han explicitado antes en otros proyectos de ley, es que los recursos antes destinados a becarios les sean transferidos a las universidades públicas. ¿Qué garantía tenemos, sin un supervisor fuerte, que usarán esos recursos para la calidad educativa y no para otros fines?”, explicó.
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