De acuerdo con el informe mensual del Consejo de la Prensa Peruana, correspondiente a febrero de 2025, se registró un preocupante incremento en los casos de agresiones contra periodistas y medios de comunicación en el país. Entre los incidentes más destacados se encuentran denuncias judiciales, ataques cibernéticos, hostigamientos y proyectos legislativos que amenazan la libertad de expresión. Este panorama refleja un entorno cada vez más hostil para el ejercicio del periodismo en Perú.
Denuncias judiciales y hostigamientos contra periodistas
Uno de los casos más relevantes involucra al fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial de Delitos de Lavado de Activos, quien presentó una denuncia contra la periodista Karina Aliaga Neyra, del programa Contracorriente de Willax Televisión. Según el informe, la denuncia, interpuesta ante la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, acusa a Aliaga de acoso y coacción. Esto se originó tras un reportaje en el que la periodista investigó una posible incompatibilidad entre los ingresos del fiscal y la vivienda en la que reside. La denuncia señala que Aliaga habría realizado “actos de seguimiento” y enviado mensajes de texto, lo que Vela calificó como “asedio”.
En otro incidente, los periodistas de Latina, Christopher Acosta y Pedro Tenorio, fueron denunciados por el abogado Juan Peña, representante del exministro de Desarrollo e Inclusión Social Julio Demartini, por una supuesta “revelación indebida de identidad”. Este caso está relacionado con el escándalo del programa estatal Qali Warma, que distribuyó alimentos en mal estado a niños y que, según investigaciones del canal, estaría vinculado a una red de corrupción. Latina argumentó que el nombre de la testigo mencionado ya era de conocimiento público. Por su parte, Demartini afirmó que la denuncia fue presentada “a título personal” por su abogado.
Ataques cibernéticos y amenazas en redes sociales
La periodista de Epicentro TV, Clara Elvira Ospina, denunció haber sido víctima de un ataque cibernético y de insultos sistemáticos en redes sociales. Según Ospina, los mensajes, provenientes de perfiles anónimos, incluyen términos ofensivos como “sicaria” y “terrorista”. La periodista expresó su preocupación al señalar que detrás de estos ataques podrían estar involucrados funcionarios públicos.
Acusaciones contra medios y conflictos con figuras públicas
El diario El Comercio también enfrentó cuestionamientos en febrero, luego de que algunas figuras públicas afirmaran que el medio había recibido financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), lo que, según los críticos, podría comprometer su línea editorial. En respuesta, El Comercio negó haber recibido financiamiento directo de USAID y aclaró que algunas de sus iniciativas, como los talleres previos a las Audiencias Vecinales, fueron financiadas por organizaciones como IDEA Internacional, que a su vez maneja proyectos respaldados por USAID. El medio aseguró que esta relación fue transparentada en cada publicación relacionada.
Por otro lado, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, protagonizó un enfrentamiento con el periodista de Exitosa, Nicolás Lúcar, a quien amenazó con denunciar por difamación agravada. Esto ocurrió después de que Lúcar difundiera documentos oficiales que mostraban que López Aliaga, en su rol como regidor en 2009, votó a favor de la concesión de peajes a la empresa brasileña OAS, implicada en el caso Lava Jato. Además, el alcalde insultó al periodista y divulgó información de índole privada. López Aliaga también presentó una denuncia contra Radio Exitosa ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, alegando supuestas infracciones a la Ley de Radio y Televisión.
Sentencia contra integrante de Los Insurgentes
El Poder Judicial dictó sentencia contra Benjamín Vidal Gil, miembro del grupo radical Los Insurgentes, por el delito de difamación agravada contra el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros. Vidal había acusado a Gorriti de ser “terrorista” y “amigo de terroristas”. Como parte de la sentencia, Vidal deberá cumplir reglas de conducta y pagar una reparación civil de 25.000 soles (aproximadamente 6.500 dólares).
Proyectos legislativos y restricciones a la prensa
La congresista de Perú Libre, María Agüero, presentó un proyecto de ley que exige a los medios de comunicación informar al Poder Ejecutivo sobre sus ingresos externos, incluyendo montos, términos de financiamiento y métricas como tiraje, rating y alcance. Según el Consejo de la Prensa Peruana, esta propuesta, que contempla el cierre de medios en caso de incumplimiento, representa un riesgo para la libertad de expresión y la independencia de los medios. La organización considera que esta iniciativa podría derivar en persecución y señala que la información financiera de los medios ya es supervisada por la Sunat.
En otro incidente, periodistas fueron restringidos durante una visita oficial de la presidenta Dina Boluarte a Moquegua, donde inauguró un colegio. Según el informe, los reporteros fueron confinados a un espacio limitado, lo que les impidió realizar preguntas. Este tipo de restricciones se ha vuelto recurrente en las actividades de la mandataria.
Posición del Consejo de la Prensa Peruana
El Consejo de la Prensa Peruana expresó su preocupación por el aumento de denuncias y limitaciones contra periodistas, calificándolas como intentos de intimidación y ataques directos a la libertad de expresión. La organización destacó que el trabajo periodístico, como la recopilación de información en espacios públicos, no debe ser considerado acoso. Asimismo, cuestionó el uso de denuncias judiciales como herramienta para amedrentar a los medios.
En cuanto al financiamiento de medios por parte de organismos internacionales, el Consejo defendió que este tipo de apoyo no compromete la independencia editorial y, en muchos casos, permite la existencia de medios en regiones remotas del país.
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