Ministro del Interior exige blindaje legal para la PNP y pide crear un “Pacto por la Seguridad”

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, participó el 11 de febrero en una reunión en el Congreso de la República, donde insistió en la necesidad de garantizar que los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) usen sus armas sin temor a represalias judiciales.

Durante su intervención, propuso la firma de un Pacto por la Seguridad, el cual incluiría a todos los poderes del Estado y al Ministerio Público. Su objetivo es evitar que los policías sean perseguidos legalmente cuando hagan un uso legítimo de la fuerza en el combate contra la delincuencia.

“Dentro de ese pacto se debe garantizar que los efectivos de la Policía Nacional no sean perseguidos judicialmente cuando hagan uso legítimo de sus armas de fuego. Necesitamos eso para continuar firmes en la lucha contra la criminalidad”, declaró el ministro.

Su pedido se enmarcó en el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) del 6 de febrero, el cual ratificó que la PNP tiene el monopolio legítimo de la violencia, siempre que actúe conforme a la ley. Según el TC, el uso de armas por parte de los agentes en el cumplimiento de sus funciones no es inconstitucional, ya que su finalidad es proteger a la población.

En otro momento, el ministro abordó la propuesta del Ejecutivo de calificar los delitos de extorsión y sicariato como terrorismo urbano. Defendió esta iniciativa argumentando que dicha categorización no solo incrementaría las penas mínimas asociadas a estos crímenes —con no menos de 30 años de prisión—, sino que también permitiría la participación de las Fuerzas Armadas en su persecución.

Además, subrayó que estas actividades delictivas representan una grave amenaza para la seguridad del país, generando miedo y zozobra en la población.

Mientras el ministro del Interior impulsa cambios legales que buscan blindar a la PNP, el país atraviesa una de sus mayores crisis de inseguridad en los últimos años.

Según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en los primeros 40 días del 2025 se han registrado 227 homicidios en el Perú. Esto equivale a un promedio de más de cinco asesinatos por día.

El mes de enero de 2025 se ha convertido en el más violento de los últimos nueve años, con un total de 199 personas asesinadas. En comparación, en enero de 2024 se reportaron alrededor de 50 homicidios menos.

Según el registro, estos datos revelarían un crudo incremento en la violencia delictiva, lo que ha generado mayor presión sobre el Gobierno y el Ministerio del Interior para tomar medidas efectivas contra la criminalidad.

Pese a su defensa del accionar policial, el ministro Juan José Santiváñez enfrenta una alta desaprobación por parte de la ciudadanía. Según una encuesta de Datum, publicada por El Comercio, el 87% de los peruanos considera que debería dejar el cargo.

Al ser consultado sobre estos resultados, el ministro minimizó la encuesta y aseguró que su gestión no se guía por estos indicadores, sino por un plan programático de lucha contra la delincuencia.

“No me guío de las encuestas ni trabajo en base a ellas. Yo trabajo en base a un plan programático de lucha contra la delincuencia y la criminalidad”, declaró en una entrevista con Panorama.

A pesar del rechazo mayoritario, Santiváñez señaló que su aprobación ha subido cinco puntos desde diciembre, lo que, según él, indicaría que los resultados de su estrategia comienzan a ser percibidos por la población.

Sobre su posible impacto en la imagen de la presidenta Dina Boluarte, el ministro afirmó que su gestión ha sido expuesta ante gremios empresariales como Confiep, ADEX y la Sociedad Nacional de Industrias, así como ante la propia Policía Nacional, con quienes ha compartido el plan de seguridad en ejecución.