Fiscalía presenta denuncia constitucional contra César Combina por presunto enriquecimiento ilícito

El Ministerio Público ha presentado una denuncia constitucional contra el excongresista César Augusto Combina Salvatierra, señalándolo como presunto autor del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. La acusación se sustenta en el informe del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, que evidencia un incremento patrimonial irregular durante su periodo en el Congreso.

“La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, informa que presentó una denuncia constitucional contra César Augusto Combina Salvatierra, en su condición de congresista de la República, como presunto autor del delito de enriquecimiento ilícito, en agravio del Estado”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con la Fiscalía, entre el 16 de marzo de 2020 y el 26 de julio de 2021, el exparlamentario habría aumentado su patrimonio en S/ 472.868,67 sin una justificación clara. Además, una pericia contable financiera detectó la existencia de abonos bancarizados de origen y procedencia desconocidos por un total de S/ 948.063. “En ese contexto, no solo resultaría ser un incremento significativo que carece de un ámbito de procedencia ilícito corroborado, sino que también no guardaría relación con sus ingresos legítimos percibidos por todo concepto”, precisa el documento fiscal.

Combina rechaza las acusaciones y denuncia irregularidades en la pericia contable

Ante la reciente denuncia constitucional, César Combina se pronunció a través de su cuenta en X (antes Twitter) y aseguró que la pericia contable en la que se basa la Fiscalía contiene errores y omisiones. “Lamento aclarar al Ministerio Público que su pericia contable tiene graves omisiones y fallas que incluyen muchos ingresos y recursos previos a mi cargo como congresista. Además de violar el debido proceso y permitirme una defensa justa”, afirmó. Asimismo, sostuvo que sus ingresos provienen de recursos propios, familiares y empresariales, por lo que calificó la denuncia como un “abuso”. “La denuncia constitucional es parte de una muestra de abuso que la Fiscalía hace en una investigación incompleta”, sentenció.

Esta no es la primera vez que el Ministerio Público investiga al exlegislador. En abril de 2024, la Fiscalía de la Nación, a través del fiscal interino Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional contra Combina por presunto tráfico de influencias agravado. Según la investigación, habría cobrado sobornos a cerca de 50 alcaldes para gestionar la inclusión de sus proyectos en la Ley de Presupuesto del 2021.

La tesis fiscal sostiene que el exparlamentario ofrecía interceder ante su “compadre” Héctor Acuña, quien entonces presidía la Comisión de Presupuesto, a cambio de pagos de hasta S/ 50.000 por proyecto. Entre los exburgomaestres mencionados en el caso figuran Cruger Miranda Rosales (Yanacancha), José Luis Cerrón Nastares (Colca) y Wilmer Felicio Catay Trucios (San Marcos de Rocchac). Los exburgomaestres negaron los hechos; sin embargo, de acuerdo con el testimonio del excongresista y exvicepresidente Omar Chehade, los alcaldes tenían miedo de presentar la denuncia respectiva ya que “comete un delito tanto el que da dinero a un funcionario público para una obra como el que recibe”.

Otras denuncias constitucionales en el Congreso

Junto con la denuncia contra César Combina, el Ministerio Público también presentó denuncias constitucionales contra las congresistas Kelly Portalatino y Silvia Monteza por presunto delito de negociación incompatible. Según la investigación fiscal, Portalatino habría influido en la contratación de Rommy Vásquez Yáñez, hijastra de su hermano, para un puesto en el Ministerio de Salud en noviembre de 2022. Posteriormente, Monteza habría facilitado su ascenso en el Congreso a través de gestiones con su personal de confianza, concretando la contratación en abril de 2023.

La Fiscalía remitió estas denuncias al Congreso, donde corresponderá a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales determinar si procede su admisión y tramitación. Entretanto, los involucrados han rechazado las acusaciones y defienden la legalidad de sus acciones.