Alerta roja en la Amazonía: imágenes satelitales revelan cómo la minería ilegal “borró” 500 hectáreas de la Reserva Tambopata

La Reserva Nacional Tambopata, uno de los espacios de mayor valor ecológico de la Amazonía peruana, vuelve a estar bajo presión por el avance de la minería ilegal de oro. Siete años después de la Operación Mercurio, una nueva alerta satelital revela que esta actividad criminal se ha reactivado con fuerza al interior del área protegida en Madre de Dios, con un impacto que ya supera las 500 hectáreas deforestadas en apenas meses.

El monitoreo, elaborado por Conservación Amazónica - ACCA y difundido a través del reporte MAAP #241, advierte que la expansión se aceleró durante el segundo semestre de 2025 y los primeros meses de 2026. La información también da cuenta de una presencia cada vez mayor de personas, campamentos e infraestructura vinculada a la extracción ilícita, incluso en zonas cercanas a puestos de vigilancia del Estado.

Más de 500 hectáreas afectadas y una red minera que vuelve a tomar forma en Tambopata

El nuevo análisis satelital muestra que la deforestación por minería ilegal dentro de la Reserva Nacional Tambopata ya alcanzó las 500 hectáreas. Solo en 2025, el área impactada superó las 400 hectáreas, un nivel que incluso rebasa los registros considerados más críticos en los años 2016 y 2017, cuando la invasión minera había llegado a uno de sus picos más altos.

La expansión se concentra principalmente en la zona norte de la reserva, especialmente en sectores cercanos al río Malinowski, un corredor que desde hace años figura entre los puntos más vulnerables al ingreso de operadores ilegales. De acuerdo con el reporte, las imágenes de alta resolución permitieron identificar 183 infraestructuras mineras activas, además de 67 campamentos ilegales y 5 núcleos de operación minera dentro del área natural protegida.

A partir de esa evidencia, y usando modelos de estimación desarrollados por el equipo técnico, se calcula que alrededor de 1.000 personas estarían vinculadas a la actividad minera ilegal al interior de Tambopata. La dimensión del hallazgo resulta muy preocupante porque no se trata únicamente de maquinaria dispersa, sino de una red organizada que continúa ganando espacio dentro del ecosistema.

Los sectores más impactados también muestran la velocidad del daño. En Isla Córdoba se reportaron 106 hectáreas deforestadas, 53 tracas y 20 campamentos. En el sector A4, el monitoreo registró 101 hectáreas afectadas, 68 infraestructuras mineras y 33 campamentos. Mientras tanto, en Isla Correntada se identificaron 111 hectáreas alteradas, junto con presencia de maquinaria y estructuras ilegales.

La expansión se acerca a puestos de control y expone los límites de la respuesta estatal

Uno de los puntos más sensibles del informe es que el avance de la minería ilegal en Tambopata no ocurre en zonas alejadas o de difícil acceso, sino en áreas cercanas a puestos de vigilancia como Otorongo, Azul y Yarinal. La proximidad de estas actividades ilícitas a espacios de control del Estado muestra que la presencia institucional no está logrando frenar el avance de las redes criminales.

Las imágenes satelitales analizadas evidencian un patrón repetido: apertura de pozas, instalación de maquinaria pesada, expansión de campamentos y consolidación de nuevos frentes de extracción dentro del área protegida.

En paralelo, los operativos ejecutados entre enero y marzo de 2026 permitieron decomisar y destruir combustible, motores, campamentos y otros equipos utilizados por los mineros ilegales. Sin embargo, el monitoreo posterior confirmó que la actividad no se detuvo y continuó expandiéndose en la misma zona.

Para Sidney Novoa, director de Tecnologías para la Conservación de Conservación Amazónica - ACCA, el hecho de que este avance ocurra cerca de puestos de control eleva el riesgo para los guardaparques y demás personal que trabaja en la protección del territorio.

El reporte también advierte que el resurgimiento de la minería ilegal responde a una combinación de factores económicos, institucionales y políticos. Entre ellos figura el incremento del precio internacional del oro, que durante 2025 alcanzó niveles récord y elevó la rentabilidad de la extracción ilícita.

A ello se suman las sucesivas prórrogas del Reinfo, el debilitamiento de normas vinculadas a la lucha contra el crimen organizado, la promoción de iniciativas legislativas que podrían aumentar la presión extractiva sobre áreas protegidas y las limitaciones presupuestales de las autoridades responsables de fiscalizar.

Desde el Observatorio de Minería Ilegal - OMI, Gaby Rivadeneyra sostuvo que el caso de Tambopata demuestra que las intervenciones aisladas no bastan cuando continúan debilitándose los mecanismos de control ambiental y de persecución penal. En esa misma línea, Matt Finer, de Amazon Conservation, señaló que la reserva es un caso emblemático para toda la Amazonía, porque evidencia que, aunque un gobierno puede contener la actividad ilegal por un tiempo, esta vuelve a expandirse con rapidez si se pierde el compromiso estatal.

La Reserva Nacional Tambopata protege algunos de los ecosistemas más diversos del planeta, pero la presión de la minería ilegal ya no solo afecta bosques y fuentes de agua. También compromete la seguridad de quienes defienden el territorio, en un contexto en el que Madre de Dios sigue registrando riesgos contra defensores ambientales y una creciente debilidad en la gobernanza de la Amazonía peruana.