Volverán a tomar las calles: transportistas confirman paro este 6 de febrero por incremento de extorsiones y sicariato

Ante el incremento de casos de extorsión, sicariato y cobro de cupos contra transportistas formales e informales en Lima y Callao, numerosos gremios han confirmado su participación en el primer paro de transportistas del 2025. La medida, programada para el jueves 6 de febrero, busca exigir al Gobierno medidas concretas para frenar la ola de criminalidad que afecta al sector.

El paro ha sido convocado en respuesta a la creciente inseguridad que enfrentan los transportistas, quienes denuncian que las extorsiones y amenazas por parte del crimen organizado se han vuelto insostenibles. Según los gremios de transporte, los conductores y empresarios del sector se han convertido en blancos frecuentes de delincuentes que exigen pagos ilegales a cambio de permitirles operar con normalidad.

Desde septiembre de 2024, se han registrado numerosos casos de ataques violentos contra transportistas, incluyendo asesinatos y atentados con explosivos. Pese a las denuncias constantes, los afectados afirman que las autoridades no han tomado medidas efectivas para frenar estos delitos. “Nosotros nos vemos obligados a salir a protestar, ya que el transporte urbano se ha convertido en el blanco de los extorsionadores”, declaró Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra).

El paro de transportistas ha sido convocado para el jueves 6 de febrero y se extenderá por 12 horas, desde la medianoche hasta el mediodía. Durante ese período, miles de transportistas suspenderán sus actividades como medida de protesta contra la falta de seguridad.

Diversos sectores se sumarán a la paralización. Entre los gremios confirmados se encuentran transportistas urbanos e interurbanos, mototaxistas, colectiveros, comerciantes del emporio comercial de Gamarra y representantes de mercados y bodegas. En total, aproximadamente 100 organizaciones han manifestado su respaldo a la movilización.

Asimismo, agrupaciones como la Asociación Nacional de Transportistas (Asotrani) y la Alianza Nacional de Transportistas han ratificado su participación. La convocatoria también ha atraído el apoyo de farmacias y pequeños negocios que han sido afectados por la delincuencia.

Los gremios de transporte exigen medidas inmediatas para garantizar la seguridad del sector. Entre sus principales pedidos figura la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, a quien acusan de no haber implementado acciones efectivas para frenar la criminalidad. También solicitan la dimisión del primer ministro y demandan una estrategia más contundente contra las mafias que operan en Lima y Callao.

Los transportistas han advertido que, si el Gobierno no responde a sus reclamos, la paralización del 6 de febrero será solo el inicio de medidas más drásticas. En ese sentido, los dirigentes evalúan convocar a un paro nacional en las próximas semanas, con la participación de agrupaciones gremiales de todo el Perú.

Mientras la inseguridad sigue en aumento, las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema. Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), solo entre el 1 y el 20 de enero de este año se registraron 113 homicidios en el país. No obstante, información de la Policía Nacional del Perú detalla que la cifra es un mayor y se han reportado un total 123 casos hasta el 21 de enero.